apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

estados, cuyo cómputo lo realizará el Congreso de la Unión, o en su defecto la
Comisión Permanente.
En el caso de la reforma al artículo 99, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, realizada el veintidós de agosto de mil novecientos
noventa y seis, su realización se obtuvo además del acuerdo del Congreso de la
Unión, por aprobación unánime de los órganos legislativos de las entidades
federativas.
Entonces, es evidente que la reforma al precepto constitucional en comento, se llevó
a cabo siguiendo el procedimiento que la propia Norma Suprema establece al
Constituyente Permanente y por lo tanto, esta reforma debemos considerarla como
la expresión de un acto de la voluntad de los propios estados federados, realizado
por conducto de sus respectivos órganos legislativos, los cuales forman parte del
Constituyente Permanente. En esa virtud, es claro que la reforma que se analiza es
producto de la soberanía de los estados y fueron éstos los que otorgaron a un
órgano del Poder Judicial de la Federación, la facultad y responsabilidad de ejercer
el control constitucional sobre los actos y resoluciones de las autoridades electorales
locales, mediante el análisis de su constitucionalidad por medio del juicio de
revisión constitucional electoral, buscando dar eficacia en este campo al principio
de supremacía constitucional.
Ahora bien, ¿cuáles son los alcances del control constitucional de los actos y
resoluciones de las autoridades estatales electorales?
Para dar respuesta a esta interrogante, resulta pertinente dejar establecido cuáles son
las fuentes que pueden originar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones
de las autoridades electorales locales. Son dos los aspectos que pueden originar esta
circunstancia. El primero, es la posible contravención directa de disposiciones
constitucionales que realicen las autoridades electorales locales, por aplicación o
inaplicación indebida de un precepto constitucional.
El segundo aspecto que se considera fuente de la inconstitucionalidad de los actos o
resoluciones, es que del examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos
o resoluciones impugnados, se advierta que derivan de las leyes secundarias
aplicadas, las cuales se encuentran en oposición con las normas fundamentales. En