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Asimismo, se debe señalar que en tanto constituye una serie de actos creadores de
normas jurídicas, la jurisprudencia es fuente de Derecho, pero en cuanto a la
obligatoriedad jurídica que tienen para determinados órganos las normas
jurisprudenciales, es posible distinguir dos principales sistemas: uno, “el de la
obligatoriedad constituida”, que determina que los precedentes jurisprudenciales
emanados de órganos de jerarquía superior son obligatorios para los órganos
inferiores. Es el caso de la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia y de
los tribunales colegiados de circuito, según lo disponen los artículos 192, 193 y
demás relativos de la Ley de Amparo, así como el artículo 177 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación. El segundo sistema es el de la “unidad
científica”, que se funda en la conveniencia de uniformar las decisiones a fin de
mantener, dentro de lineamientos generales, un orden interpretativo, propósito este
que tiende en definitiva a la concreción de un fundamental valor jurídico.
4. LA RESPONSABILIDAD
Igualmente, es conveniente precisar las más importantes características de la
“responsabilidad jurídica”, para lo cual, señalaremos que dicho concepto se
origina en el latín “respondere” que significa “estar obligado”.
La responsabilidad se encuentra en diversos campos del Derecho, de acuerdo con su
contenido formal material, por lo que tiene trascendencia para nuestro estudio la
“responsabilidad legal”, en donde su contenido cubre el tramo que se inicia con el
nacimiento de la obligación por el incumplimiento bien sea de un convenio, de un
contrato o de una norma, por ello es que la doctrina general del Derecho la ubica
generalmente en el ámbito del Derecho Civil, “...en el que surge la responsabilidad
con el incumplimiento de una obligación”. Por lo anterior, el concepto de
responsabilidad “...presupone el previo incumplimiento de una obligación”; misma
que en un sentido restringido establece que una persona es responsable “...cada vez
que por acción u omisión causa un perjuicio o una transgresión a un contrato o a
una norma, lo que a su vez requiere la reparación del perjuicio o del daño causado,
situación en la que también se puede considerar a la llamada conducta ilícita” 6 .
La doctrina jurídica indica que la aplicación general de la responsabilidad tiene
diversas tendencias en cuanto a la concreción de las presunciones de culpa, en
función del ámbito donde se produce, sea contractual, administrativa, laboral, etc.,