apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

Esta postura constitucional llevó a las autoridades a otorgar el financiamiento
público a los mismos, aun y cuando la postura del Tribunal Constitucional es la de
considerar a los partidos políticos de naturaleza jurídica privada y no pública.
Esta situación es explicable porque parte de dos posturas y tesis opuestas en
España, que se han manifestado por la no-financiación de los partidos, al responder
éstos a intereses privados y la postura contraria, sobre la importancia que aquéllos
juegan en la creación del sistema democrático, al ayudar a formar la voluntad de
pueblo y la necesidad que tienen de mantenerse independientes de los intereses de
ciertos grupos de presión. Así, aun y cuando el tribunal consideró a los partidos
como entes de naturaleza privada, la realidad social se impuso al otorgarles rango
constitucional a los partidos políticos.
En este sentido y siguiendo la tendencia que favorecía la financiación pública en
España, se emitió la Ley Orgánica 3/1987, de dos de julio, de Financiación de los
Partidos Políticos, la cual regula lo relativo a la financiación pública. Esta ley la
dividió en tres modalidades de subvenciones: subvenciones públicas por gastos
electorales; las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las
Cortes Generales y de las Asambleas Autonómicas, y subvenciones estatales anuales
a los partidos.
Con la nueva ley :
...no sólo se mantiene la combinación del doble criterio del número de escaños
y número de votos, duplicidad que favorece a unos partidos mayoritarios a los
que ya la fórmula electoral potencia a la hora de traducir votos en escaños, sino
que, además, se dispone que los dos tercios de la consignación presupuestaria
que se ha de repartir en función del número de votos se asignarán a la vista no
de todos (sic) los sufragios obtenidos por cada partido, sino solamente (sic) de
los obtenidos en distritos electorales en los que el partido se sitúe por encima de
la cota (sic) del tres por ciento de los votos válidos. Con ello, como es obvio,
los grandes partidos resultan de nuevo favorecidos y los pequeños otra vez
perjudicados, sin que sea fácil de explicar la razón en que legítimamente –es
decir, desde el punto de vista de la legitimidad democrática- se puede basar tal
discriminación. 41
En el caso del llamado financiamiento privado en España, “La legislación española
es la única que penaliza esa participación limitando la cuantía de las donaciones que