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de gestión”; “ordinario y especial”; “flexible o rígido”; “lineal o triangular”;
etcétera.
Estimamos que la clasificación generalmente aceptada, es la que corresponde a los
procedimientos administrativos internos y externos; los primeros se refieren a la
creación de actos que surten sus efectos dentro del propio órgano emisor, por
ejemplo una amonestación y los segundos, son los que se realizan por los
particulares para que el acto surta sus efectos o satisfaga ciertas formalidades, o
bien, para que sea ejecutado o cumplido.
La doctrina administrativa también considera trascendente la clasificación de los
procedimientos administrativos en: “previos y de ejecución”, “de oficio” y los de
“a petición de parte”.
El procedimiento administrativo externo tiene las características siguientes:
legalidad, eficiencia, gratuidad, publicidad, agilidad y equidad y, como requisitos
de legitimidad, el procedimiento administrativo debe estar contenido en una ley o en
una norma reglamentaria de la misma y ser técnicamente idóneo para emitir o
ejecutar el acto; sólo que en México no tenemos un código o una ley expresa que
regule de manera unificada a todos los procedimientos administrativos, por lo que
se debe estar a lo que la ley aplicable disponga en cada caso, desde luego, en
concordancia con nuestra Ley Suprema en materia de procedimientos; aclarando
que la “Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, que es en principio la
aplicable, a la fecha no contempla como objeto de la misma, el presente
procedimiento; de cualquier modo las formalidades que nuestra Constitución
Federal establece relativas a los procedimientos son las mismas que se aplican para
el acto administrativo, es decir, que se regule la forma escrita, la competencia del
órgano, la fundamentación legal, la motivación, la no retroactividad y el
cumplimiento de las garantías contenidas en sus artículos 14 y 16, primero, para no
dejar en estado de indefensión al gobernado y segundo, para que el procedimiento
se efectúe conforme a la ley.
4. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO