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Por otra parte, el proceso administrativo opera cuando concurre cualquiera de las
dos circunstancias siguientes: que una de las partes en la controversia sea la
administración pública, o bien, que el que resuelve la controversia sea un órgano de
la propia administración pública, como pueden ser los tribunales administrativos o
los órganos parajurisdiccionales del Poder Ejecutivo, como son por ejemplo, las
juntas de conciliación y arbitraje. En la doctrina administrativa existe una tendencia
mayoritaria orientada a reservar la expresión proceso administrativo para aquel
que se sigue ante los tribunales contenciosos administrativos y en los cuales es parte
la administración pública.
Si tenemos presente que el procedimiento administrativo es la serie coordinada de
medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo, se comprenderá
que no tiene el mismo significado que el concepto de proceso administrativo.
La doctrina española señala que el procedimiento administrativo es el cauce legal
que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la
realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir
los actos administrativos.
Por lo tanto, si se considera que por proceso administrativo se entiende a los actos
realizados ante y por un órgano jurisdiccional para resolver una controversia entre
partes calificadas; si además se entiende que el procedimiento administrativo es
una serie de pasos o medidas tendientes a la producción o ejecución de un acto
jurídico. Además, si se considera que el proceso administrativo posee como
característica fundamental ser una secuencia de actos que tiene por fin decidir una
controversia entre partes (litigio) por parte de una autoridad imparcial e
independiente (juez) con fuerza de verdad legal, (autoridad de cosa juzgada) y que
por su parte el procedimiento administrativo, es aquel que fija
preestablecidamente los cauces de los actos que contribuyen a un objeto final, se
puede concluir que entre ambos conceptos existen plenas diferencias.
La doctrina del Derecho Administrativo clasifica al procedimiento administrativo
conforme a diversos criterios, así se considera que puede ser: “formal y aformal”;
“general y especial”; “unifásico y bifásico”; “declarativo y ejecutivo”; “técnico o