apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

Esta situación parece dejar sin protección al ciudadano que habiendo presentado su
solicitud para ser observador electoral, ésta hubiera sido rechazada; al respecto, hay
que destacar que el derecho es individual para ejercerlo el ciudadano mexicano; sin
embargo, el artículo 5, párrafo 3, inciso e), manifiesta la posibilidad de presentar su
solicitud en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan;
además, el mismo artículo 5, párrafo 4 del COFIPE, dice en forma textual:
Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más
tardar veinte días antes al de la jornada electoral, deberán declarar el origen,
monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus
actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen,
mediante informe que presenten al Consejo General del Instituto Federal
Electoral, conforme a los lineamientos y bases técnicas a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 49-B de este Código.
Ante estas perspectivas el magistrado Rodolfo Terrazas Salgado señala que estamos
en presencia de “un recurso innominado de impugnación”, dado que la ley no lo
enumera en forma expresa 9 .
En este aspecto se trata de determinar el medio impugnativo adecuado para
combatir la resolución del Consejo General en cuanto a la negativa para otorgar la
acreditación al aspirante a observador.
En concreto ante esa negativa, no caben:
El recurso de revisión, porque sólo puede ser interpuesto por partido político y
en este caso carece de interés jurídico para actuar, según lo dispone el artículo
35, párrafos 2 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral;
El recurso de apelación, porque la negativa de registro no procede de una
sanción aplicable al individuo, y por otra parte, la negativa se da ya dentro del
período del proceso electoral, según los artículos 40 a 43 de la misma ley; y
El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
porque éste, sólo procede para la afectación de los derechos ciudadanos de voto
activo y pasivo, para participar en asuntos políticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos, lo cual no es el caso que se menciona,
según el artículo 79 de la ley aludida.