apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

econocen como derechos sociales, el del trabajo, el agrario y el Derecho Procesal
de la seguridad social 13 .
Las normas procesales destinadas a la aplicación del Derecho Social, para poder ser
eficaces, deben de estar inspiradas en el mismo principio de igualdad por
compensación, o como también se le llama, principio de justicia social; deben tener
como punto de partida las desigualdades reales de las partes, para tratar de
otorgarles una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso, atribuyendo la
carga de la prueba de los hechos discutidos, a la parte que esté en mejores
condiciones reales de aportar los medios de prueba, e incrementando las facultades
de dirección del juzgador; deben procurar la mayor rapidez y sencillez en los
procedimientos, pues sus dilaciones y complicaciones normalmente son en perjuicio
de la parte trabajadora o campesina. De lo contrario, los derechos otorgados por las
normas sustantivas se harían nugatorios cuando se reclamasen ante los tribunales, a
causa de normas procesales que, en lugar de establecer un medio adecuado para la
aplicación de Derecho Social, constituiría un obstáculo para dicha aplicación.
4. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
El Derecho Constitucional se enfrenta a un nuevo concepto de la conformación de
los estados supranacionales, lo cual traerá de manera indubitable, consecuencias
importantes para la materia electoral 14 .
Fix-Zamudio establece que el Derecho Procesal Constitucional se ocupa del estudio
de los instrumentos procesales que garantizan el cumplimiento de las normas
constitucionales 15 (instrumentos procesales como el juicio de amparo, las
controversias constitucionales y el juicio político):
El Juicio de Amparo. Los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal
establecen las bases del juicio de amparo, las cuales son reglamentadas por la
Ley de Amparo vigente en 1985. A través del juicio de amparo, las personas
que se consideran afectadas por un acto de autoridad, que estimen violatorio de
las garantías individuales establecidas en el capítulo I, del título primero de la
Constitución, pueden impugnarlo ante el órgano competente del Poder Judicial
Federal; si para este último, el acto de autoridad impugnado infringe las
garantías individuales invocadas, en su sentencia debe ordenar la inaplicación o
desaplicación del acto o los actos reclamados (orden implícita en la fórmula