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electores pudieran reclamar los actos electorales. La resolución de estos reclamos
estaba a cargo de los organismos electorales, es decir, a cargo de las juntas de
parroquia, de partido, de provincia o las preparatorias a Cortes.
Las legislaciones electorales posteriores a la de 1812, introducen cambios, pero no
alteran en su esencia la regulación de las controversias electorales. En 1830, con las
reglas para las elecciones de diputados y de Ayuntamientos del Distrito y
Territorios de la República, nos apartamos del esquema parroquial, se forman las
secciones electorales y se designan comisionados por sección, encargados de
entregar boletas a los ciudadanos y formar un padrón electoral que entregaban a la
junta electoral primaria. Como consecuencia de estos cambios, se introdujo en la
legislación electoral la posibilidad para los ciudadanos de reclamar su inclusión en
el padrón. Esta posibilidad será desde entonces reiterada en posteriores
ordenamientos.
Conforme a la legislación de 1830, los ciudadanos podían reclamar a la junta
electoral primaria, la entrega de la boleta cuando la hubiere negado el comisionado,
o reclamar la falta de legitimidad de una boleta. Estas impugnaciones eran resueltas
por la junta electoral primaria. Desde esta ley se establece la obligación a cargo de
los electores de votar en la sección correspondiente a su domicilio (arts. 5, 6, 8, 9,
23, 25 y 26) 79 .
En 1843, con las Bases Orgánicas de la República Mexicana, se introdujo en la
legislación electoral otra parte fundamental en la estructura de la justicia electoral,
las causales de nulidad de elección, que surgen como una forma de limitar a los
colegios electorales, para que sólo por estas causas se pudiera decretar la nulidad de
una elección. Las causales eran las siguientes: falta de las calidades constitucionales
en el electo; intervención o violencia de la fuerza armada en las elecciones; falta de
mayoría absoluta de los que tenían derecho a votar en las elecciones que no fueran
primarias, y error o fraude en la computación de los votos (art. 168) 80 .
Después del análisis de las legislaciones electorales del período de 1812 a 1857,
hemos de concluir que la forma de dirimir los conflictos electorales es,
esencialmente, la establecida desde la Constitución de Cádiz en 1812.