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llegan a ser más radicales que las contenidas en los códigos penales, por lo que el
concepto de sanción no tiene un interés meramente jurídico, sino que su dimensión
sociológica lo inserta en el ámbito del análisis del control social.
En sus orígenes, la sanción tuvo un sentido esencialmente moral y religioso,
significaba a la vez la pena y la recompensa instituidas para castigar una acción
indebida o para premiar una buena. Su desarrollo posterior ubicó a la sanción en un
plano jurídico para llegar a constituirse en una garantía del cumplimiento por parte
de los gobernados, de los deberes y obligaciones constituidos por la moral, la
religión y por el Derecho.
Posteriormente, en la integración de la cultura occidental, cuando el formalismo
romano se introdujo en el ámbito de los valores filosóficos y jurídicos, se aplicó
dicho vocablo para designar el acto de pactar una alianza obligatoria y a partir de
entonces ha sufrido cambios de contenido y dignificación en su evolución histórica,
de esta forma, en su sentido más antiguo, la sanción se refirió al castigo o al premio
retributivo por las malas y buenas acciones y después, expresó el acto mismo de
establecer un precepto de carácter moral, otro de carácter religioso y uno de
carácter jurídico, este último, de carácter obligatorio.
En la actualidad, la teoría jurídica le otorga a la sanción dos acepciones bien
definidas: en un concepto lato o general, significa la pena o castigo normativamente
establecido que se debe aplicar a quien comete una ilicitud; y, la segunda acepción,
se refiere al acto mediante el cual un legislador crea, en la esfera de las funciones
que le asigna el ordenamiento jurídico, una norma de derecho positivo.
Asimismo, se puede señalar que conforme a la doctrina del Derecho más
generalizada, se establecen las categorías de sanciones jurídicas siguientes:
“sanciones relativas a los actos jurídicos en general”, se concretan en la nulidad y
en la anulabilidad de los actos jurídicos, que abarcan todas las ramas del Derecho;
“sanciones relativas al Derecho Constitucional”, que se aplican a la destitución o
separación de sus funciones para quienes ejercen poderes constitucionales;
“sanciones relativas al Derecho Administrativo”, tienen carácter disciplinario y
generalmente se concretan en la amonestación, multa, suspensión, despido, etc.;
“sanciones relativas al Derecho Penal”, que en realidad constituyen penas y que se
concretan en multa, privación de la libertad, muerte, etc.; “sanciones relativas al