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secreta y directa, sancionando en consecuencia, cualquier acto tendiente a la
frustración de dichas cualidades. Únicamente tres fracciones de este artículo, no
tienen como bien jurídico tutelado al voto y son: la V, en que el bien jurídico
tutelado es la credencial para votar; la X, que protege el resultado de las elecciones,
al sancionar la introducción o sustracción de las urnas de una o más boletas
electorales; y la XIII, que garantiza la extemporánea publicidad de los resultados
electorales, al sancionar la publicación o difusión de los resultados de encuestas o
sondeos de opinión, que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.
Por lo que se refiere al artículo 404 (delitos cometidos por ministros de culto
religioso), el bien jurídico tutelado, considero que lo constituye la preservación de
la decisión histórica de separación entre la Iglesia y el Estado, que postula que las
iglesias deben ejercer un liderazgo espiritual y no participar en política militante.
En el artículo 405, (delitos cometidos por funcionarios electorales), no cabe la
menor duda que el bien jurídico tutelado es el correcto ejercicio de la función
electoral. Es preocupación fundamental del legislador, que los funcionarios
electorales en el desempeño de las responsabilidades que la ley les encomienda,
cumplan de manera puntual y cabal con los principios rectores en la materia, que
establece la fracción III, del artículo 41 constitucional, que establece que “la
organización de las elecciones federales es una función estatal”, en cuyo ejercicio
son principios rectores: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad
y la objetividad.
En relación al artículo 406 (delitos cometidos por los funcionarios partidistas),
puedo afirmar que el bien jurídico tutelado, radica en garantizar que los partidos
políticos y sus candidatos, respeten la voluntad popular y por ende, se abstengan de
realizar cualquier acto tendiente a ejercer presión de cualquier naturaleza sobre los
electores o bien, que obstaculicen el desarrollo normal de la votación. Desde luego,
que por lo que se refiere a la fracción VII, el bien jurídico tutelado es la
transparencia de los fondos que se utilicen en la campaña electoral, sancionando la
utilización de aquellos que provengan de actividades ilícitas.
El bien jurídico tutelado en el artículo 407, (delitos cometidos por servidores
públicos) y su corolario inmediato que es el artículo 412, consiste por una parte en
la obligación que tienen estos sujetos activos de utilizar racional y congruentemente