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En efecto, en los términos de dichas reformas, por una parte, se confirió a la
Suprema Corte de Justicia el control de la constitucionalidad de leyes electorales a
través de las denominadas acciones de inconstitucionalidad, al eliminarse de la
fracción II del texto vigente del artículo 105 constitucional, la prohibición existente
sobre este ámbito legal y, por otra, se le otorgó al Tribunal Electoral el control de
la constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales, con el carácter de
máxima autoridad
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación, como se verá más adelante.
De acuerdo con el concepto formulado por el ministro Juventino V. Castro, las
acciones de inconstitucionalidad son procedimientos planteados en forma de juicio
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por órganos legislativos
minoritarios, por los partidos políticos con registro federal o estatal, o por el
Procurador General de la República, en los cuales se controvierte la posible
contradicción entre una norma general o un tratado internacional, por una parte, y
la Constitución, por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o
del tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos constitucionales 49 .
2. REGLAS ESPECÍFICAS
Las acciones de inconstitucionalidad de las leyes electorales se encuentran sujetas a
reglas específicas, como son, entre otras, las siguientes:
2.1. La Suprema Corte de Justicia y el monopolio del control directo de la
constitucionalidad de las leyes electorales
El antepenúltimo párrafo de la fracción II del citado artículo 105 constitucional,
establece que la única vía para plantear la no conformidad de las “leyes electorales”
a la Constitución, es la acción de inconstitucionalidad, por lo que es dable afirmar,
por una parte, que la Suprema Corte cuenta con el monopolio del control directo de
la constitucionalidad de las leyes electorales y, por otra, que se excluye la
procedencia del juicio de amparo en contra de dichas leyes 50 , dándose de esta
manera fin al debate suscitado en relación a su procedencia contra disposiciones
electorales violatorias de garantías individuales.