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su encargo promete cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen y de
abstenerse de aplicar disposiciones que sean contrarias a ella. En consecuencia, los
jueces ordinarios pueden hacer una interpretación personal de la Constitución y de
lo que ellos creen que les obliga o no les obliga; empero hace hincapié que esta
interpretación libre que hace el juez puede ser impugnada a través del juicio de
amparo.
Por último, dentro de este grupo, el ministro Góngora Pimentel con gran agudeza
comenta que el artículo 133 constitucional no establece el control de la
constitucionalidad de las leyes, es decir, el examen de la validez de las normas
sujetas a la Constitución Federal, pero sí el llamado control federal, que tiene por
objeto hacer efectiva la supremacía, no de la Constitución sobre todas las leyes,
sino de ese conjunto heterogéneo. Agrega que la efectividad o cumplimiento de la
supremacía nacional sí corresponde a los jueces locales a quienes va dirigida la
obediencia de la superioridad del derecho federal, los cuales tienen también la
facultad de juzgar si las leyes del Congreso de la Unión y los tratados
internacionales son acordes con la Constitución y si dichas leyes federales y tratados
no reúnen el requisito de la constitucionalidad, los jueces de los estados deben
preferir sus respectivas leyes locales que entraron en conflicto con aquéllas.
Por lo que respecta a las posturas en contra del control difuso de la Constitución, el
ministro Aguirre Anguiano apoya el fundamento que menciona que la competencia
para examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad corresponde
sólo al Poder Judicial Federal; sin embargo, hace un razonamiento de cómo el
artículo 133 en su concepción respecto al control difuso es letra muerta, porque
hace falta una ley reglamentaria que regule reenvíos rápidos y cortos al máximo
tribunal como en España, para que en forma breve se pronuncie acerca de la
constitucionalidad de la norma ordinaria en entredicho, y que por razón de la
distribución de competencias, hasta la fecha sólo el Poder Judicial Federal es el que
puede interpretar la constitucionalidad de las otras leyes.
El ministro Azuela Güitrón sostiene que sólo el juicio de amparo es el medio idóneo
para determinar la constitucionalidad de las leyes y sólo el Poder Judicial puede
hacerlo.