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por la Constitución, la certeza de los ciudadanos de que sus pretensiones van a ser
resueltas de modo igual para todos, sin discriminaciones injustificadas por el juez,
salvo que por éste se fundamente la imposibilidad de atender tal expectativa. Por
otra parte, implica también que el legislador debe perseguir la claridad y no la
confusión normativa, debe procurar que, acerca de la materia sobre la que legisle,
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a que atenerse, y debe huir de
provocar situaciones objetivamente confusas.
Tutela Judicial. En relación a este principio, Calamandrei 19 apunta que se
incluye “...entre los diversos medios que el Estado prepara para reaccionar, de
propia iniciativa o a petición del particular, contra la inobservancia del derecho
objetivo...” y constituye lo que se puede llamar garantía jurisdiccional de las
normas jurídicas, medios de tutela jurídica o tutela jurisdiccional.
La tutela judicial, opera de dos maneras, en una primera modalidad, mediante la
vigencia de este principio, sostiene el autor antes citado: que el Estado garantiza la
observancia del Derecho, en cuanto es normal y deseable que el Derecho sea
voluntariamente observado por aquéllos a los cuales va dirigido como reglas de su
conducta; sólo cuando falte esa observancia voluntaria, empieza el momento
jurisdiccional del Derecho, esto es, la puesta en práctica de los medios de garantía
dispuestos para hacerlo observar, incluso, en caso de necesidad, por la fuerza.
En otra variante, dicho principio se traduce, siguiendo la definición de Ovalle
Favela 20 , en el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a
tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o
defenderse de ella a través de un proceso justo y razonable, por lo que, con ello,
cualquier disposición que imponga condiciones impeditivas u obstaculizadoras del
acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y
excesivos, y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que
lícitamente puede perseguir el legislador, será atentatoria de este principio 21 .
Principio de Imparcialidad. Es la cualidad de que deben gozar los jueces en el
ejercicio de su función, consistente en su posición trascendente respecto de los
sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio, en otras palabras, de su neutralidad
respecto de quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquél frente a
quien esa tutela se solicita 22 . Finalmente, deben ser imparciales otras personas que
pueden intervenir en el proceso, como son los peritos y los miembros del jurado.
Pero en la cristalización de la imparcialidad o “neutralidad” en la actividad