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forma de su gobierno”. Con base en este principio, el pueblo en su momento, a
través del Constituyente originario, elaboró la Constitución, depositando en ella ese
poder soberano de que es titular originario. Asimismo, el vocablo soberanía deriva
del latín superanus, super anía o super omnia, cuyo significado es el poder que no
tiene límite; en ese contexto, Constitución y soberanía les corresponde el grado de
supremacía a que nos hemos referido. A este respecto, el artículo 133 establece:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados”. Así, se reconoce expresamente la
supremacía constitucional; por lo tanto, considerando que los derechos político
electorales forman parte de los derechos fundamentales que tutela nuestro máximo
ordenamiento legal, como consecuencia, los derechos político electorales también
gozan del principio de supremacía.
Por otra parte, el artículo 128 señala: “Todo funcionario público, sin excepción
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen”. Por este motivo, todo funcionario
público, como órgano del Estado, sus actos deberán estar sujetos a la ley, en primer
lugar a la Constitución, de conformidad con este artículo en correlación con el 133,
los cuales sitúan a la Carta Magna en primer lugar. Como consecuencia, al
reconocerse los derechos político electorales en la Norma Suprema, por ese solo
hecho se les tiene como reconocido el grado de primacía en su aplicación, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de
los estados.
Por lo que se refiere a la rigidez constitucional, en nuestro sistema para que una
disposición constitucional pueda ser modificada, es necesario la aplicación de
formas y procedimientos especiales para realizar dicha actividad. Así, el artículo
135 establece:
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la