fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

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procuración de fondos, etc. A pesar de la importancia de estos gastos, muchas veces, ni las OSCs,
ni los donantes los consideran en los presupuestos de financiamiento95 .
En México, en el caso de los donativos privados deducibles de impuestos, la legislación fiscal
acepta que las OSCs autorizadas para recibirlos utilicen un máximo de 5% de estos recursos
para gastos de operación96 , monto que resulta sumamente limitado frente a los costos que
implica la operación de proyectos o programas. (Incide Social, et al., 2007, p. 74). En el caso de los
fondos públicos del gobierno federal, como se muestra en la Figura No. 50, no existe un criterio
común, algunos programas permiten a las OSCs utilizar los apoyos para este tipo de gastos y
otros no. En el caso del PCS, los apoyos no pueden utilizarse “para gastos administrativos, ni
para pago de nómina ni honorarios asimilables a salarios ni sus impuestos o prestaciones” 97 ;
respecto a pago de personal, solamente se financia cuando se trata de actividades (no
operativas) del proyecto y mediante honorarios.
Las RO del PCS señalan que el INDESOL y las delegaciones estatales de la SEDESOL podrán destinar
hasta 7% del presupuesto asignado al Programa para el desarrollo de acciones asociadas con
la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación externa
del Programa98 . El hecho de que al INDESOL no se le asigne presupuesto independiente del
Programa repercute sustancialmente sobre los proyectos y las OSCs. El INDESOL utiliza este
porcentaje de los recursos asignados al Programa para su propia operación y así limita el gasto
administrativo para las OSCs.
En la búsqueda por maximizar el monto de los recursos que llegan a la población objetivo, la
normatividad presupuestaria sobre recursos catalogados como subsidios establece que las
dependencias deben “garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población
objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite
la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su
asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa
y excesiva” 99 . Para los casos en que estos subsidios son ejercidos por OSCs, el Reglamento de
la LFPRH indica que: “Las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones
95 Existe la tendencia de las OSCs a subestimar los montos de estos gastos en sus reportes; lo que se ha identificado como
un círculo vicioso, en donde éstas se ven presionadas para reportar a sus donantes bajos costos de operación y donde
los donantes apoyan mínimamente, o no apoyan, en este rubro presupuestario de las OSCs. Como consecuencia, se ve
afectada la habilidad de las OSCs para lograr impacto; ya que dejan de invertir en infraestructura necesaria para mejorar
o mantener los estándares de sus servicios. De acuerdo con un estudio de The Bridgespan Group, en Estados Unidos las
industrias reportan en promedio hasta 50% de costos de operación, mientras que las OSCs reportan entre 13 y 22%, pero en
realidad, sus gastos de operación van de 17 a 35%; véase Bedsworth, et al. (2008) y Goggins y Don Howard (2009).
96 RLISR, 2006, Art. 110.
97 RO 2009, Numeral 5.8.2.
98 RO 2009, Numeral 4.
99 LFPRH, 2006, Art. 75.
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.