fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

de la estrategia de intervención y la regulación del servicio continúan en manos del gobierno, pero
el marco legal permite que las OSCs u otras entidades privadas concursen por fondos públicos para
prestar estos servicios con un mayor alcance a proyectos de corto plazo, con mayor certidumbre y
con resultados más claramente definidos como esperados.
d) Se incorpora a las OSCs para que vigilen, monitoreen y denuncien desviaciones en los programas
públicos, como un proceso sistemático de observación e investigación, con entrevistas o encuestas
a usuarios y funcionarios públicos. Se reconocen e incorporan mecanismos de retroalimentación de
la política pública y contralorías independientes de los propios funcionarios 17 .
e) Alianzas entre gobiernos y OSCs donde se conciertan acuerdos y proyectos de interés mutuo, con
una planeación conjunta y coinvirtiendo recursos en mediano y largo plazo (3-8 años) para llevar
a cabo proyectos de mutuo interés. Se crean esquemas de consulta e interacción intensa donde
las OSCs y los gobiernos definen juntos el problema público, analizan las distintas alternativas de
intervención y planean, diseñan y llevan a cabo el programa público, dividiendo también tanto las
responsabilidades como los recursos que cada parte aportará.
f) Las OSCs inciden en las políticas públicas y el marco regulatorio, con su experiencia y propuestas
innovadoras. En estos casos, las OSCs aportan información, proponen y cabildean con los tomadores
de decisiones de las políticas y legislaciones correspondientes. Las estrategias de incidencia
pueden ir desde la presión y las manifestaciones en la calle hasta el contacto directo, las reuniones
y el cabildeo con funcionarios, pasando por el uso de medios de comunicación, las campañas de
adhesión y acciones simbólicas.
2.2. Posibles formas de relación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil
La relación entre el gobierno y las OSCs se explica por una serie de circunstancias específicas
de cada país. Por esta razón, el análisis sobre las posibilidades para establecer relaciones entre
el sector de OSCs y los gobiernos no puede hacerse en términos generales relativamente
abstractos. De ahí la importancia de aterrizar esta discusión a las peculiaridades del contexto
mexicano. En la clase política mexicana no existe la tradición de abrir espacios de participación
social y menos aún de formar alianzas no políticas con actores no gubernamentales para cubrir
diversas necesidades. Existe la percepción de que el Estado es el responsable de cubrir todas las
necesidades sociales, la apertura de algunos espacios públicos para actores de la sociedad civil
es muy reciente y presenta problemas importantes de concepción.
Desde la década de los ochenta se empezaron a crear consejos consultivos en las dependencias
del gobierno federal, que han sido reformuladas en los distintos sexenios y se han multiplicado
hasta llegar al número recientemente calculado de 409 (Hevia, et al., 2009). Por su carácter
meramente consultivo, su estilo de trabajo privado, la falta de definición de sus funciones, el
escaso poder de decisión y control que efectivamente ejercitan, la existencia de estos consejos
17 Véase Isunza y Olvera (2006) y Hevia (2007) para la definición teórica y práctica del concepto de contraloría social.
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
33