fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

que conduzca a la toma de decisiones a través de foros públicos y mecanismos de rendición de
cuentas (Citado en Dagnino, et al., 2006, p. 28).
El establecimiento de relaciones efectivas y duraderas entre los gobiernos y las OSCs para la
promoción del desarrollo es posible si ambos actores buscan la construcción de un espacio
público fuerte. Para esto, al menos en el caso de los países latinoamericanos, la colaboración
debe insertarse en una verdadera reforma del Estado en donde éste asuma la función de
promover espacios de participación social y de coordinar y articular las políticas públicas. Al
reconocer a las OSCs como actores clave de utilidad e interés público, el Estado debe proveer
de un marco normativo e institucional con mecanismos formales para la asociación. Una
pieza clave de estos programas debe ser el fortalecimiento del sector de OSCs, y debe incluir
al menos dos elementos: a) garantizar un flujo estable de recursos para que sus proyectos
tengan continuidad y las políticas sociales no se interrumpan y b) fortalecer la capacidad
organizacional de las OSCs (Fowler, 2000, p. 49).
Las OSCs deben cerciorarse de que son capaces de mantener su propia contribución distintiva al
desarrollo, actuar como canal de reivindicación de demandas sociales y no convertirse en meros
agentes contratantes del Estado (Clayton et al., 2000 y Barreto, 1999, p. 140). El hecho de que
se establezcan relaciones de colaboración, o de que las OSCs reciban apoyos gubernamentales
para realizar su trabajo, no debe constreñir sus actividades de demanda o protesta (Young, 2006,
p. 41). Algunos estudios han mostrado que pueden surgir problemas cuando los programas
buscan la participación de las OSCs en proyectos de prestación de servicios diseñados por el
gobierno; o cuando las OSCs deben entrar en procedimientos de competencia para recibir
fondos públicos; se han denunciado casos en que algunas organizaciones se registran como
OSCs, pero en realidad funcionan como proveedoras de servicios profesionales (como ha
sucedido en Brasil, Perú, Kenia y Bangladesh, por ejemplo) 14 . Por lo anterior, se requiere que, tanto
los gobiernos, como las OSCs, cuiden que las OSCs que participan en los concursos cumplan
con el criterio fundamental de no tener fines de lucro ni carácter para-gubernamental. Puede
suceder también que las OSCs apoyadas por fondos públicos tiendan a dejar de participar en
temas políticamente controversiales, o que se vuelven más burocráticas y empiecen a perder
contacto con organizaciones de base o redes (Clayton et al., 2000, p. 13) 15 .
14 Véase Clayton et al. (2000).
15 Entre los temas que requieren de un debate más amplio señalamos los relacionados con los campos de acción de cada
uno de los actores y con los posibles costos de la asociación, como podrían ser la pérdida de autonomía, la captura de
espacios o programas gubernamentales por grupos de interés, la presión que implica para el dinamismo de las OSCs.
Otro tema es el relacionado con la colaboración entre desiguales; el gobierno debe reconocer las ventajas de trabajar con
OSCs, pero también sus limitaciones operativas y, con esa base, establecer formas de complementación encaminadas a
solucionar diferencias de escalas.
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
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