fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

de herramientas, la difusión de información, la generación de metodologías de atención e
intervención, la transparencia y control social. La inclusión de indicadores cuantitativos podría
complementar el proceso de evaluación, si se considerara otro tipo de indicadores. La visita de
campo fue ideada con esta finalidad, pero en la práctica se convirtió en un trámite más para
comprobar el cumplimiento de las OSCs.
El enfoque fiscalizador de la evaluación de los proyectos apoyados —combinado con las
limitaciones de la normatividad y los períodos cortos de aplicación de los recursos y entrega
de los informes— crea incentivos perversos entre las organizaciones. Por un lado, diseñan
proyectos y se comprometen a metas muy acotadas —talleres, prestación de servicios
específicos, borradores de publicaciones— que pueden tener un menor impacto social, pero
cuya característica principal es que permiten crear materiales comprobatorios con menor
dificultad. Las OSCs invierten una parte importante del tiempo en elaborar y llenar material
probatorio. En este proceso, tanto para las OSCs como para el Instituto, el resultado de los
proyectos, que debería ser el objetivo principal, se vuelve secundario.
La obligación de evaluar el impacto del Programa condujo a los funcionarios del Instituto, junto
con los evaluadores, a compensar la deficiencia del proceso de seguimiento de los proyectos,
generando instrumentos para valorar efectos diversos de los proyectos y del PCS. A pesar de
que no fueron consistentes año con año, estas evaluaciones han aportado elementos para
identificar algunos resultados del Programa y empezar a mostrar la importancia de promover
el desarrollo social mediante OSCs como intermediarias. Igualmente, las recomendaciones
de estas evaluaciones externas llevaron a realizar modificaciones de diseño y operación del
Programa que lo han mejorado inmensamente.
Sin embargo, alrededor del año 2003, la lógica de la política social por focalizar los apoyos hacia
beneficiarios de manera directa se incorporó en el diseño del Programa y, por tanto, en el proceso
de evaluación. Las primeras evaluaciones externas del Programa buscaban valorar en qué
medida se lograba fortalecer a las OSCs apoyadas y, más tarde, la preocupación se volcó hacia
valorar la efectividad del Programa para distribuir, a través de los intermediarios, los apoyos
en grupos de población específicos. Este viraje refleja que la preocupación por mantener las
características de un programa por demanda, que incluyen el fortalecimiento de los ejecutores
de los proyectos, se desplazó hacia la preocupación por cumplir con los objetivos de combatir
efectivamente la pobreza y atender a grupos de población cada vez más focalizados.
A partir del ejercicio anual de 2007 hubo dos sucesos que pueden conducir a retrocesos en
el proceso de evaluación del PCS. Por una parte, con el cambio de administración salieron del
Instituto funcionarios que habían acumulado el aprendizaje de evaluación de estos complejos
procesos; se redujo el equipo de trabajo del área de evaluación y, mediante una reestructuración
administrativa, el área perdió independencia. Por la otra, desde ese año se homologaron los
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
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