fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

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SObRE LA IMPLEMENtACIÓN DEL PCS
La convocatoria pública, la selección de proyectos con base en criterios claros, el proceso
independiente de dictaminación de proyectos y la publicación de los resultados son las
características del PCS que han logrado la confianza de un amplio sector de OSCs. Justamente,
con la preocupación de operar con equidad y permitir un acceso más democrático a los fondos,
el Instituto asesora a las OSCs sobre los procedimientos del Programa y sobre la forma en que
deben presentar los proyectos, de manera que las OSCs con menos experiencia participan
en igualdad de condiciones en la medida en que el proyecto presentado sea valioso. De esta
manera, la participación en el Programa genera aprendizaje para las OSCs de reciente creación
que tienen acceso a los fondos públicos por primera vez.
Sin embargo, la dictaminación de proyectos presenta todavía problemas para asegurar
una selección óptima de proyectos y garantizar una retroalimentación oportuna a las
organizaciones. Entre otros problemas está la aplicación no homogénea de los criterios
de selección, debido a un gran número de comités y dictaminadores, que aplican según su
propio juicio estos criterios; la falta de información completa de los dictaminadores, sobre los
antecedentes y resultados de los proyectos y de las OSCs que concursan; la poca publicidad sobre
la integración de dichas comisiones; la carencia de un mecanismo de revisión de controversias,
entre otras. Adicionalmente, en el proceso de dictaminación se presentan problemas de más
difícil solución: por un lado, el dilema entre el anonimato de los dictaminadores, como garante
de un proceso sin presiones externas, y la opacidad potencial que esto podría promover, y por
otro; cómo garantizar que los dictaminadores cumplan el perfil definido y eliminar, al mismo
tiempo, los posibles conflictos de interés.
Las mayores dificultades de implementación del PCS tienen relación con el marco normativo
y operativo sobre la asignación, el ejercicio y la comprobación de recursos que se aplica a las
OSCs, principalmente porque debilita el alcance de los proyectos y del Programa e incrementa
la carga de trabajo de las OSCs. En lo que se refiere a la asignación, como resultado del ciclo
presupuestal de la APF y de los tiempos que requiere el Instituto para recibir y dictaminar más
de 3,000 proyectos, las OSCs no pueden iniciar las actividades de sus proyectos en los primeros
meses del año porque no reciben recursos y porque no es posible reembolsar gastos a las OSCs
de manera retroactiva. Los proyectos apoyados por el Programa, que en teoría pueden llevarse
a cabo en un año y con montos máximos determinados para cada convocatoria, en la práctica
acaban realizándose en un periodo promedio de 5.7 meses y con recortes presupuestales de
30% aproximadamente en relación a los montos máximos que prometen las convocatorias y
que solicitan las organizaciones. Por otra parte, las ampliaciones presupuestales y la asignación
extemporánea de recursos al Instituto no tiene ningún efecto positivo en el propósito de
apoyar proyectos de OSCs, pues se terminan elaborando convocatorias al vapor sobre temas
emergentes de la APF, y las OSCs deben enfocar sus esfuerzos a elaborar, presentar y ejecutar
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.