fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

INTRODUCCIÓN
A pesar de que a nivel internacional existe consenso acerca
de las ventajas de la participación de las organizaciones de la
sociedad civil (OSCs) en la política social, la visión de la mayoría
de los tomadores de decisiones en México se caracteriza por ver
al Estado como actor exclusivo de la promoción del desarrollo.
Es común que se perciba a las OSCs como actores incómodos que es necesario controlar;
instrumentos para la realización de proyectos políticos, o bien como causas, que por su nobleza,
ameritan la caridad personal. Al no concebir a las OSCs como actores del desarrollo social, los
programas públicos que buscan el combate a la pobreza o la promoción del bienestar por
medio de intermediarios sociales, son también poco valorados.
En México, la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las
OSCs (LFOSC o Ley de Fomento) en 2004 significó un paso importante para mejorar el entorno
institucional en el que se desenvuelve el sector de OSCs. Su aprobación fue resultado de un
proceso de transición hacia una cultura más democrática y plural, en donde se ha vuelto
necesario profesionalizar la política social y sustituir los criterios políticos de los programas
sociales por criterios técnicos para lograr resultados1 . En 2007, Alternativas analizó un
conjunto de programas federales de asignación de fondos a OSCs y llegó a la conclusión de
que algunos programas púbicos federales mostraban una tendencia a su profesionalización
e institucionalización, por lo que podría estarse transitando de una lógica clientelar, hacia un
esquema distinto de colaboración entre las OSCs y el gobierno federal (Tapia y Robles, 2007).
En ese estudio se identificó al Programa de Coinversión Social (PCS), administrado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) como el más completo y con mayor grado de
transparencia de la administración pública federal (APF).
El estudio alertaba que los mecanismos de asignación de fondos públicos se encontraban
todavía en proceso de construcción y persistían vacíos importantes, por lo que la tendencia hacia
su institucionalización podría revertirse fácilmente. Y, en efecto, la fuerte contienda electoral
del 2006 y el cambio de administración, revelaron las limitaciones del marco regulatorio
inacabado de la asignación de fondos públicos a OSCs. El cambio de administración federal
se llevó a cabo sin que se hubiera puesto en marcha a cabalidad el servicio civil de carrera,
los funcionarios que habían adquirido experiencia en la operación de programas no pudieron
1 Para una discusión sobre la penetración de intereses particulares en el Estado, véase Migdal (2001).
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
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