fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

o formalmente, eran ellas las que gestionaban, proponían y conseguían la resolución
de alguna demanda... salud, educación, vivienda, empleo, salarios, etc. llegaron a los
sectores sociales a través de las organizaciones que los agruparon y aparecieron como
el resultado del compromiso estatal y con el mejoramiento de las condiciones de vida,
pero también como la eficaz capacidad de negociación y por lo tanto, de representación
de los organismos…. Las negociaciones [entre organizaciones y Estado] implicaban
un intercambio de bienes en el cual las organizaciones, si bien recibían beneficios
económicos y sociales, otorgaban a cambio lealtad, apoyo político, colaboración, en una
palabra, consenso a las acciones y decisiones del sistema... A ellas [las organizaciones]
les correspondió la tarea de convertir los beneficios en apoyo al régimen en ambos
sentidos: para las corporaciones mismas y sus líderes, porque demostraban ante los
agremiados buen desempeño político, y para el Estado porque más tarde traducirían el
agradecimiento de sus miembros en votos por el partido (Hernández, 1992, p. 154).
Esta forma de negociar la política social gozó de una amplia legitimidad dada la gran capacidad
del Estado para proveer de beneficios a las distintas clientelas (Harvey, 1993) 21 . La legitimidad
del gobierno y del sistema político se basaba, en gran medida, en la canalización de beneficios
y en el mejoramiento del bienestar de la población por medio de mecanismos oficiales. El
sistema fue incluyente durante varias décadas, tanto en lo político como en lo social, pero en los
años setenta, con la disminución de los recursos estatales, el gobierno comenzó a perder esta
capacidad. Finalmente, a partir de la crisis y la reestructuración económicas de los ochenta, el
Estado dejó de contar con suficientes recursos para distribuir, al tiempo que el nuevo modelo
económico dejaba fuera del reparto de beneficios a ciertos grupos de población. Por otra parte,
habían crecido los sectores no incorporados en la estructura corporativista tradicional que
empezaban a hacer demandas al Estado.
Los cambios ocurridos en los ochenta tienen antecedentes en movilizaciones sociales
anteriores, particularmente en movilizaciones de grupos organizados, de activistas y militantes
sociales que se articularon ante la cerrazón e incapacidad del gobierno para dar respuesta a
problemáticas sociales. Como señala Reygadas (1998): “…la generación del año 1968 llevó la
resonancia del movimiento hacia otras universidades, hacia obreros, campesinos, sectores
urbanos populares, trabajadores universitarios, organizaciones clandestinas, grupos cristianos
comprometidos, organizaciones políticas y otras, empezando a cuestionar severamente, desde
un ‘imaginario alternativo’, las formas corporativas de control y reproducción de la sociedad
mexicana en su conjunto” (pp. 278-279). Moguel (1994) describe cómo los grupos de izquierda,
incluyendo el Partido Comunista Mexicano, consolidaron sus bases sociales con un núcleo
de jóvenes, que habían aprendido durante el movimiento de 1968: “[E]l crecimiento de los
movimientos de campesinos, de trabajadores y de colonos, durante la primera parte de la
21 Véase también Meyer (2005).
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
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