fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

proyectos para periodos excesivamente cortos (3 meses o menos), que no cumplen con sus
propósitos. Estas limitaciones producen incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos
y limitan las posibilidades del INDESOL para establecer líneas de trabajo, ofrecer continuidad a
las OSCs y, sobre todo, destinar recursos a proyectos de alto impacto social.
Respecto al ejercicio y comprobación de recursos públicos, existen limitaciones e inconsistencias
en la aplicación del marco normativo que afectan al Programa, particularmente para las OSCs
que ejercen los recursos públicos. La principal limitación es que la normatividad fue diseñada
para la APF, contiene escasas referencias sobre criterios específicos para el ejercicio de los
recursos por intermediarios y, ante la ausencia de disposiciones específicas que indiquen cómo
deberán utilizar los recursos y rendir cuentas las OSCs, se les aplica la misma normatividad que
a las propias dependencias, en ocasiones con mayores exigencias. Estas limitaciones son un
reflejo de que en la APF y en el ejercicio del gasto social no se ha desarrollado una concepción
adecuada sobre el trabajo de las OSCs, ni sobre sus necesidades.
Por tratarse de recursos catalogados como subsidios, el ejercicio de los recursos del Programa
debe apegarse a criterios que garanticen que el mayor monto se destina a atender necesidades
sociales de los grupos específicos a los que se dirige. La legislación presupuestaria es
suficientemente clara sobre algunos puntos, pero en otros, los criterios son laxos, dejando margen
de flexibilidad a las dependencias para elaborar sus RO. Como resultado, su interpretación y
aplicación no es consistente entre los distintos programas que asignan recursos a OSCs, y el
PCS se encuentra entre los más estrictos al prohibir gastos de operación. Esto sucede porque el
INDESOL no cuenta con presupuesto propio y financia su operación con recursos del Programa.
Hemos mostrado que es inadecuada la interpretación de la normatividad presupuestaria
que quedó incluida en el Reglamento de la Ley de Fomento, en la que se basa el Instituto para
mantener en cero el apoyo para gasto operativo.
Para lograr el propósito de los subsidios, resulta prioritario fortalecer a las ejecutoras de
los proyectos en sus necesidades más apremiantes; disponer de recursos para operación
y administración es una de ellas. Al no permitir el uso de los recursos para gastos de
operación de las OSCs, el propio Instituto se impone un obstáculo en el camino para lograr
su fortalecimiento. Los gastos de operación son considerados un ingrediente fundamental de
cualquier organización; existen estudios que muestran que el apoyo para gastos de operación
garantiza mayor impacto y sustentabilidad para la organización y para sus programas.
Adicionalmente, el hecho de que no se autorice a las OSCs a utilizar los apoyos para pago de
nómina, u honorarios asimilables a salarios y otro tipo de prestaciones laborales limita a las
OSCs a cumplir con la legislación laboral.
Resulta ingenuo pensar que se puede fortalecer a las OSCs sin invertir en las capacidades
mínimas de operación; las organizaciones que participan en el PCS, y que no encuentran
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
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