fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil

apoyadas tuvieran que pertenecer oficialmente al partido. Estos funcionarios veían que la
canalización de beneficios por medio de los intermediarios tradicionales era políticamente
ineficiente y costosa, si se buscaba focalizar los recursos hacia los grupos más pobres.
Así pues, “en contraste con la política de rechazar a los movimientos independientes, su nuevo
estilo [de algunos funcionarios] de negociación los reconocía como interlocutores legítimos
siempre y cuando no se convirtieran en una oposición política abierta” (Fox, 1995, p. 182). A
este estilo, se le conoció como “la política de concertación social”, donde estos funcionarios
reformistas combinaban el apoyo a grupos autónomos y a las organizaciones oficiales23 . Un
rasgo que caracterizaba a las organizaciones independientes y a estos funcionarios reformistas
es que provenían de la corriente ideológica de línea de masas, por lo que daban menos prioridad
a la participación político-electoral —y a la oposición política abierta al gobierno— frente a
los procesos organizativos-comunitarios y las ganancias inmediatas en el mejoramiento de
condiciones de vida.
A finales de los ochenta, mediante la concertación social, ciertos grupos y organizaciones
comunitarias o de base empezaron a recibir recursos públicos, sin condiciones de filiación
partidista y con respeto, hasta cierto punto, de su autonomía política. La estrategia de
concertación social no se generalizó a todas las áreas del gobierno federal, sólo se presentó
en algunas dependencias: el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (CONASUPO), la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH) y, como veremos más adelante, en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y
el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL) 24 . Sin embargo, estas relaciones no dejaban de ser
formas clientelares de negociar, ya que el acceso a los recursos públicos dependía de los favores
y de las decisiones discrecionales de los funcionarios en turno; unos grupos y organizaciones
sustituían a otros de acuerdo con sus relaciones personales, sus vínculos de confianza y
sus percepciones políticas. Dada la alta rotación de los funcionarios en estos puestos, estas
relaciones eran frágiles y volátiles (Fox, 1995) y, en ciertas regiones y programas, los funcionarios
más progresistas enfrentaban oposición por parte de los sectores más tradicionales y su
remoción era frecuente. Conforme el apoyo electoral al PRI disminuía y la oposición avanzaba,
se recurrió a tácticas más coercitivas y a incentivos clientelares de corto plazo para retener el
voto priísta, sobre todo, entre los sectores más marginados que servían como reserva de votos
para compensar sus pérdidas en sectores urbanos.
Esta forma de hacer política llegó a constituir un antecedente importante y posibilitó un
cambio de actitud del gobierno, que si bien no estaba dispuesto a ceder espacios democráticos
por medio de elecciones, sí permitió la incorporación de sectores independientes de la sociedad
23 Véase Fox (1992) y (1995) y Harvey (1993).
24 Ibid.
alternativas y capacidades a.c. fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil.
41