LECTURAS UNO DE AGOSTO DE 2008 - Insumisos

La Comisión Ética Contra la Tortura, organismo chileno integrado por personalidades de
destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de
derechos humanos, se encuentra a la espera de la respuesta del gobierno a un informe
entregado a la Presidenta Michelle Bachelet sobre la tortura en Chile durante su período
presidencial. Desde el año 2001 en que se fundó, esta organización ha entregado cada 29 de
junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un documento al Presidente
de la República con un estado de situación del tema en el país. Ese día, este año,
representantes de la Comisión Etica, entre ellos Mireya García, dirigente de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión y
ex Presa Política; Beatriz Brinkman, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
CINTRAS; Alicia Lorca, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, y el académico cristiano Hervi Lara, dialogaron con María Luisa Sepúlveda, la
asesora de la Presidenta en derechos humanos, quien mostró interés en el informe, que en
su primera parte aborda temas como la impunidad en delitos cometidos en tiempos de
dictadura, y asuntos pendientes en materia de justicia, verdad y reparación. La segunda
parte del informe revisado con la asesora presidencial, se refiere a casos de tortura y tratos
inhumanos, crueles y degradantes llevados a cabo por fuerzas policiales en el marco de la
lucha mapuche por la recuperación de sus tierras.
En las semanas siguientes a la elaboración del documento, la situación continúa
agravándose en lo referido al tema mapuche. La petición del Ministerio Público - la entidad
que formula en Chile los cargos - solicitando la nulidad del juicio que a comienzos de
junio, absolvió a Héctor Llaitul y Roberto Painemil, fue acogida por la Corte de
Apelaciones de Temuco. Acusados como autores de incendio de maquinaria de Forestal
Mininco, ellos habían permanecido más de un año y medio en prisión. La Corte de
Apelaciones de Temuco resolverá el próximo 25 de julio si vuelven a la cárcel y se les hace
un nuevo juicio. Por otra parte, Roberto Vivanco, dirigente pehuenche de la comunidad
Butalelbum de la comuna cordillerana de BioBío pidió asilo político en Argentina, luego de
mantenerse en la clandestinidad eludiendo su condena a 5 años, por acusaciones
enmarcadas en la lucha por recuperación de sus tierras. Es el segundo caso de asilo. El
primero lo protagonizó Pascual Pichún Collonao, hecho recogido en el informe de la
Comisión Etica que da cuenta de las diversas formas en que se expresa la llamada
“judicialización” de las movilizaciones de las comunidades que han iniciado procesos de
recuperación de tierras ancestrales.
El estudio presentado a la Presidenta Bachelet y a organizaciones internacionales de
derechos humanos, denuncia la impunidad frente a dos casos de violencia innecesaria con
resultado de muerte: el asesinato por carabineros de dos jóvenes mapuche, ambos de 23
años de edad. El 3 de enero de 2008 el estudiante Matías Catrileo Quezada fue baleado por
la espalda cuando participaba en una acción de recuperación de tierras en el fundo Santa
Margarita, sector Vilcún, Región de la Araucanía. La familia de Matías Catrileo, a través de
un escrito de su madre, Mónica Quezada, presenta directamente los hechos en el informe.
La investigación del asesinato de Matías Catrileo está en manos del fiscal militar José Pinto
Aparicio y el procesado, cabo segundo Walter Jonathan Ramírez Inostroza se encuentra en
libertad provisional, sin que hasta ahora se haya formulado acusación contra otros
involucrados.
En la Región Metropolitana, donde viven asimismo miles de familias mapuche, Johnny
Cariqueo Yáñez, joven hiphopero, recibió una feroz golpiza luego de ser detenido el 29 de