LECTURAS UNO DE AGOSTO DE 2008 - Insumisos

contra el expolio legalizado y han logrado cambiar el rumbo de las políticas económicas.
En el primer caso, su actual Constitución impide la privatización de PDVSA, empresa
completamente estatal y quinta petrolera más importante a nivel mundial. Por supuesto,
estas medidas legislativas no han estado exentas de tensiones políticas, basta con recordar
el golpe de Estado que sufrió el Gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Y también ha
ocasionado, como medida de presión, la salida de cuatro grandes petroleras [6] que
rechazaron los contratos de explotación propuestos por este Estado. Aunque siguen estando
allí otras como Chevron Texaco, Statoil y Repsol.
En el caso del "corazón geopolítico de Suramérica", como denomina Chávez a Bolivia, el
masivo reclamo de la población contra el expolio de las corporaciones energéticas condujo
a la Guerra del Gas en octubre de 2003, en la que se organizaron marchas, protestas de todo
tipo y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad que se cobraron decenas de víctimas
mortales. Este grito del pueblo determinó el proceso de nacionalización de los
hidrocarburos a través de su estatal YPFB. No obstante, la lucha por la recuperación de los
recursos está sometida a corsés judiciales y presiones como la ejercida por Petrobras y
Repsol, con el respaldo de sus respectivos gobiernos, que dificulta el proceso de
nacionalización. También recibe apoyos externos la oligarquía cruceña situada en el oriente
del país. Esta elite ha respondido a las políticas soberanistas con la exigencia de la
independencia de su territorio, donde se concentra gran parte de los recursos energéticos.
El trabajo de lobby de las transnacionales para evitar nacionalizaciones se convierte en
cantos de sirena para animar a la privatización de una gran empresa estatal como es
PEMEX, undécima mayor petrolera del mundo. El 8 de abril de este año, el Gobierno
mexicano de Felipe Calderón hizo pública su disposición a la entrada de capital privado en
la compañía mediante la reforma de la política energética, ante lo cual se ha levantado la
oposición representada por López Obrador mediante la organización de resistencias civiles
y la ocupación del Congreso para asegurar una decisión consensuada.
Uno de los escenarios latinoamericanos donde se reproducen con mayor virulencia los
conflictos por el control de los recursos naturales energéticos es, sin duda, Colombia, donde
se localizan fuertes intereses de las multinacionales españolas de la energía como Repsol.
La crisis social que padece, como resultado de la aplicación de las medidas neoliberales, se
suma a las escalofriantes cifras de violaciones de los Derechos Humanos que han dejado
tras de sí un conflicto armado que dura ya más de cuarenta años. El posicionamiento de las
transnacionales del petróleo ante este conflicto ha sido de complicidad, agravando la
situación humanitaria, de por sí alarmante. Un ejemplo que permite reflejar esta situación
es la actuación de Repsol en la región de Arauca (oriente de Colombia). Desde 2002, año
en que Repsol anunció la existencia de petróleo en un campo de la región, ésta comenzó a
sufrir el auge del paramilitarismo, incrementándose los crímenes contra la población civil y
los índices del desplazamiento forzado. En cambio, la violencia no afectó a la compañía,
más bien al contrario, después de dos años de terror impuesto desaparecieron las voces
discordantes con la explotación de crudo, y fue entonces cuando Repsol pudo entrar a
explorar en áreas con potencial petrolero sin encontrar ningún tipo de oposición social.