LECTURAS UNO DE AGOSTO DE 2008 - Insumisos

Unidos. El analista económico Humberto Campodónico ha estimado que al menos 20 de los
decretos no se ajustarían a las facultades otorgadas (La República).
La Defensoría del Pueblo y un grupo de parlamentarios han interpuesto dos demandas de
inconstitucionalidad contra el DL 1015 referido a la disposición de las tierras comunales por parte
de las comunidades campesinas. Organizaciones campesinas e indígenas han anunciado la
presentación de demandas de inconstitucionalidad contra al menos cuatro decretos legislativos. La
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha solicitado al Congreso la derogatoria
de dos decretos (DL 1057 y 1086).
Otro aspecto controversial es que la "avalancha" de decretos tiene una cuota de contrabando al
trabajo parlamentario, ya que algunos eran Proyectos de Ley que el gobierno había enviado al
Congreso y tenían el dictamen de "archivase", mientras que otros habían recibido fuertes críticas y
la oposición de grupos parlamentarios, que ahora el propio Parlamento tienen la oportunidad de
corregir a través de control político que debe realizar a este tipo de decretos legislativos. Una
manera "criolla" de sacarle la vuelta a la democracia, lo que ha despertado sospechas de "lobbies"
tras su promulgación, y que según denuncias hechas públicas beneficiarían a empresas de diversos
sectores productivos: minería, lácteos, puertos, pesquería y reforestación.
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado que el DL 1022
beneficiaría a capitales chilenos; el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha
denunciado que el DL 1031 en práctica podría constituir el inicio de la privatización de esta
empresa de servicios de agua potable de Lima; y la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú
(AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria.
"DESAPARICIÓN" DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Un blanco de los decretos legislativos son las comunidades campesinas y nativas, que en el caso de
los Andes y la Amazonía han constituido territorios de resistencia al modelo neoliberal por su
oposición y/o críticas a los mega proyectos de industrias extractivas, especialmente los mineros.
Con estos decretos, según García, la idea es abrir "nuevas áreas para la inversión dentro del país
en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas".
Se ha promulgado al menos cuatro decretos para "desaparecer" las comunidades y entregar las
tierras comunales a manos privadas. García sostiene que al facilitar "su asociación, crédito,
parcelación, alquiler, etc." se estaría sacando "de la pobreza a millones de peruanos a los que esa
institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria".
Las organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), han denunciado que el paquete dedicado a quebrar la resistencia de las comunidades
incluye cambios legales que afectan sus derechos al territorio, al agua, a la autonomía, a la
consulta, al consentimiento, al desarrollo, entre otros, que responden a las obsesiones del
presidente García por eliminar la propiedad colectiva y favorecer el acceso a empresas interesadas
en desarrollar proyectos mineros, forestales, biocombustibles, etc.