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II / EXPERIENCIAS EN CURSO EN AMÉRICA LATINA 173
por ende con mayores riesgos. En efecto, otras entidades financieras
(bancos y financieras) se han especializado en otro tipo de actividades
(sector terciario de la economía) limitadas a las áreas urbanas y de
corto plazo. Uno de los problemas que enfrentan es que existen dos
marcos jurídicos para la regulación y supervisión de estas cooperativas:
la Ley General de Cooperativas y la Ley General de Instituciones
del Sistema Financiero con el decreto 354 y la Codificación de Resoluciones.
Esto implica la existencia de dos entidades de control: por
un lado, la Dirección Nacional de Cooperativas (DINACOOP), y por
otro, la Superintendencia de Banca y Seguros del Ecuador (SBS).
Este problema en la supervisión es uno de los factores que ha influido
en la débil integración del sistema cooperativo.
En cuanto al volumen de operaciones, se estima que el sistema
cooperativo no regulado representa el 30%, mientras que el regulado
constituye el 70% del total del sistema cooperativo nacional. 104
Además, se calcula que a diciembre de 2005 el proyecto de autorregulación
trabajaba con 16 instituciones de microfinanzas: siete ONG
y nueve cooperativas de ahorro y crédito (COAC) no reguladas que
brindan servicios y atención aproximadamente a 157 mil clientes en
zonas rurales y urbano marginales, con una cartera aproximada de
US$ 127 millones (Jordán 2006).
La información disponible muestra que las entidades reguladas
que pertenecen a la RFR tienen una tendencia creciente en la cartera
total, las captaciones, el número de clientes y el crédito promedio
entre el 2001 y el 2005. En cambio, las entidades no reguladas
muestran una tendencia creciente entre el 2001 y el 2003, una caída
en el 2004 y una recuperación moderada en el 2005, que no llega a
los niveles presentados en el 2003.
En resumen, las colocaciones desde el sistema financiero son
crecientes, han alcanzado casi US$ 600 millones en el 2005 y atendido
a más de 200 mil clientes.
104. Puede ser que este porcentaje se haya incrementado desde 1999, dado que las
cooperativas no reguladas no cobran el impuesto a la circulación de capitales,
que es de 0.8% y que graba a todas las transacciones financieras.