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I. Contexto - Latin American Network Information Center

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352 CAROLINA TRIVELLI E HILDEGARDI VENERO<br />

infraestructura (agencias) de la banca de desarrollo (que en muchos<br />

casos es amplia y con una importante cobertura geográfica),<br />

hasta convenios de fortalecimiento institucional, desarrollo<br />

y transferencia de tecnología y esquemas de manejo y transferencia<br />

de riesgo. Sin embargo, salvo contados ejemplos, estas alianzas<br />

son escasas, débiles o muy puntuales, o peor aún, son meramente<br />

formales.<br />

— Autonomía, independencia y buen gobierno. Esta parece una recomendación<br />

obvia, pero no lo es a la luz de los casos revisados. Si<br />

bien varios hacen esfuerzos por incrementar su autonomía frente<br />

al sector público y al poder político, estos intentos son aún<br />

iniciales. El grueso del control de la banca de desarrollo continúa<br />

en manos del Poder Ejecutivo y la presencia de accionistas<br />

privados, directores independientes y esquemas de selección de<br />

directores y autoridades sigue estando atada al ciclo político de<br />

cada país.<br />

Los casos analizados nos muestran un variado conjunto de esquemas<br />

de propiedad y de gobierno de las entidades de desarrollo: desde<br />

esquemas donde sólo participa el sector público hasta esquemas<br />

en los que el sector público invita a los actores privados, opciones<br />

mixtas con distintos grados de control y de participación de los accionistas<br />

y directores privados, y esquemas exclusivamente privados.<br />

Como discutimos antes, cada contexto permite que se apueste por<br />

esquemas más o menos independientes. Sin embargo, hay que destacar<br />

que los arreglos con una mayor presencia y control privados no<br />

alejan a estas entidades de sus objetivos de desarrollo, como se teme<br />

en muchas esferas.<br />

Hay que subrayar también que donde más se ha avanzado en<br />

términos de autonomía de los bancos de desarrollo es en la protección<br />

de las cuentas fiscales y en la imposición de objetivos de sostenibilidad<br />

financiera. En casi todos los casos analizados, las entidades<br />

que atienden al agro cuentan con un patrimonio propio o delegado<br />

(pero de monto fijo, bajo la forma de un fideicomiso, u otras

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