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Trimestre Fiscal Nº 97
Lo anterior parecería razonable, de no ser por el hecho de que, a
diferencia del gasto federal que se ha transparentado en un grado
importante, la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de
los gobiernos estatales y municipales deja mucho que desear. Más
aún, la marcada dependencia de los gobiernos estatales en materia de
transferencias federales no ha contribuido a la creación de mecanismos
de responsabilidad fiscal en las entidades federativas, ya que su esfuerzo
tributario tiene poca o nula vinculación con los recursos a gastar y,
particularmente, con la forma en que éstos se ejercen (Sobarzo, 2006). Es
curioso, por ejemplo, que una práctica de los gobiernos estatales frente a
este aumento fue la de canalizar parte de los ingresos por participaciones,
que con anterioridad se destinaban a gasto de inversión, hacia gasto
corriente. El resultado fue que en el transcurso del año 2006 el aumento
en el gasto corriente fue cercano a 30%, frente a un incremento en el
gasto de inversión no mayor a 3 por ciento.
A este respecto existe abundante literatura empírica que sugiere la
existencia del llamado “efecto matamoscas” (flypaper effect), el cual
supone que, con frecuencia, el aumento en las transferencias a los
gobiernos subnacionales no necesariamente se ve compensado por
una reducción equivalente en otros rubros de gasto, resultando así un
gasto público estatal más grande (véase, por ejemplo, Gramlich, 1977;
Gamkhar y Oates, 1996). Esto en el contexto de un esquema de gasto
poco transparente, refuerza el argumento de que una reforma fiscal que no
modifique sustancialmente el esquema de gasto es, incluso, indeseable.
Una reingeniería del gasto requeriría de mecanismos eficientes de
rendición de cuentas en las dependencias federales, pero también en los
ámbitos estatal y municipal, lo que implica reformar de raíz la estructura
de las relaciones fiscales intergubernamentales, así como toda la
legislación en que se sustenta. De hecho, la experiencia de las últimas
décadas en México muestra que los cambios importantes en materia
de coordinación fiscal han ocurrido sólo cuando ningún gobierno, de los
diferentes ámbitos involucrados, ha experimentado reducción de recursos.
En otras palabras, si se quiere modificar la estructura de relaciones
fiscales intergubernamentales, como parte de una reforma al gasto, el
mejor momento, y quizás el único escenario de éxito, es en el contexto
de una reforma tributaria que, al aumentar los ingresos, garantice que
ningún gobierno “pierde” como resultado de los cambios.