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Trimestre Fiscal Nº 97
III. La descentralización fiscal en América Latina y las formas
de financiamiento de los gobiernos subnacionales
A. El camino hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales
En las últimas décadas, se ha observado en América Latina el
afianzamiento de una gradual y clara tendencia hacia la descentralización
fiscal desde el gobierno central hacia niveles inferiores de gobierno.
Rezende y Veloso (2010) destacan que el proceso de implementación de
la descentralización tuvo dos “olas” importantes, la primera de las cuales
ganó impulso en los últimos años de la década de los ochenta, con la
visión de que la descentralización permitiría una más eficiente asignación
de los bienes públicos hacia una ciudadanía subnacional territorialmente
diversa permitiendo, a su vez, mejorar los canales de participación
ciudadana, de responsabilidad política y de rendición de cuentas.
En un segundo período, marcado por la crisis macro de mediados de los
noventa, las reformas descentralizadoras tomaron un enfoque diferente.
No se priorizaron los regímenes de coparticipación de impuestos
(habitualmente de libre disponibilidad), como en los años anteriores, sino
que se dio preferencia a canalizar los recursos federales a los gobiernos
subnacionales para educación y salud, fortaleciendo los mecanismos de
transferencia con asignación específica.
Aunque la asignación de responsabilidades del gasto a los gobiernos
subnacionales es importante, la forma en cómo los gobiernos
subnacionales financien tales servicios es una preocupación clave. Este
financiamiento es logrado mediante tres modalidades: a) generación
de recursos propios, ya sean tributos u otros ingresos no tributarios
(regalías, tasas municipales, derechos, etc.); b) las transferencias
intergubernamentales, y c) mediante endeudamiento (o una combinación
de las tres).
Debe aclararse que en sentido estricto se define a los ingresos
subnacionales propios como aquellos tributos en que los gobiernos
subnacionales tienen potestades discrecionales para determinar la carga
impositiva sobre los ciudadanos (Brosio y Jiménez, 2010). Esta potestad
puede ser ejercida por tres instrumentos diferentes: administración