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El Financiamiento de los Gobiernos Subnacionales en América Latina: Un Análisis de Casos
En Chile, los gobiernos subnacionales también disponen de los recursos
generados a partir del cobro de patentes comerciales, las cuales se
aplican por la municipalidad respectiva al ejercicio de toda profesión,
oficio, industria, comercio, arte u otra actividad lucrativa secundaria o
terciaria —sea cual fuere su naturaleza o denominación (incluidas las
patentes de alcoholes). Este tributo aportó en 2008 el 30,2% de los
ingresos tributarios municipales, lo que equivale a 0,3% del PIB.
De las tres principales fuentes de financiamiento de los municipios chilenos
(impuesto territorial, permisos de circulación y patentes municipales),
sólo en el caso de estas últimas la ley establece un rango dentro del
cual el municipio puede determinar la tasa, siendo la base para su cobro
el capital propio de la empresa. No obstante, aquellos municipios que
deben aportar por este concepto recursos al Fondo Común Municipal
(FCM), deben hacerlo en función del cobro de la tasa máxima, lo que no
les permite reducir la tasa de la patente respecto de otras jurisdicciones.
Finalmente, aún cuando en términos del PIB no resulte significativo,
el impuesto de patentes en Costa Rica constituye el principal tributo
recaudado por los gobiernos locales de ese país, aportando las dos
terceras partes de la recaudación tributaria de los mismos en el año 2008.
En este caso, la base imponible es la renta líquida gravable y las ventas o
ingresos brutos anuales que perciban las personas físicas o jurídicas que
se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas, oscilando la alícuota
aplicada entre 0,1% y 0,2% de dicho monto.
3. Imposición sobre los automotores
En los países de la región existen diversas alternativas para gravar
los vehículos automotores de los contribuyentes. Así puede ser que el
hecho imponible del tributo sea directamente la tenencia o propiedad
de un automotor en la medida que representa una manifestación
parcial del patrimonio del contribuyente. Otra opción se constituye si el
impuesto recae sobre aquellos que utilizan este bien para circular en
la vía pública (también conocidos como “derechos de circulación”). Por
último, casi todos los países, a través de sus gobiernos subnacionales,
imponen un tributo sobre la transferencia de los vehículos entre sus
ciudadanos.
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