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Trimestre Fiscal Nº 97
de gobierno deben realizar las valuaciones, recaudar y exigir el pago
de los tributos en sus jurisdicciones. La alícuota vigente, decidida por
el gobierno central, es de 0,25% sobre el valor del inmueble y es de
aplicación nacional.
En el caso de México, cada estado es autónomo en las atribuciones
asignadas en la Constitución, inclusive en la creación de impuestos.
En lo que respecta al impuesto a la propiedad inmueble, el mismo es
un tributo eminentemente municipal 12 y representa el segundo recurso
en importancia relativa dentro de los recursos tributarios subnacionales
—en 2008, aportó el 54% en los ingresos por impuestos municipales y
el 34% de los correspondientes al Distrito Federal (D.F.). Vale destacar
que, aún cuando no existe limitación legal que impida al gobierno federal
incluir un impuesto a la propiedad inmueble, este tributo es asignado a
los municipios para salvaguardar la consistencia del sistema tributario y
evitar el fenómeno de doble imposición. Debido a ello, el registro catastral
y la valuación fiscal es responsabilidad de cada uno de los municipios y
del D.F., por lo cual la unificación de criterios sólo puede ser alcanzada
a través de acuerdos entre jurisdicciones.
Sin embargo, la falta de una adecuada actualización de los valores
catastrales junto con otros varios factores institucionales explican la baja
capacidad contributiva del impuesto predial en este país. Cabe destacar
que, para modificar la valorización de los predios, los municipios dependen
de la autorización legal de los Congresos Estatales, los cuales a su vez no
poseen incentivos para aumentar las tablas de valuación predial ya que
los ciudadanos perciben, sobre todo en las ciudades capitales, que estos
incrementos no encuentran justificación, erigiéndose como decisiones
políticas muy impopulares. Adicionalmente, el municipio promedio en
México cuenta con escasas capacidades técnicas y administrativas
para administrar eficientemente el impuesto predial, así como con una
alta rotación de empleados municipales encargados de administrar el
impuesto 13 .
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12 Aunque De Cesare y Lazo Marín (2008) aclaran que los municipios deben proponer
anualmente sus tarifas y tablas de valores unitarios de terreno y construcción ante
sus Congresos Estatales.
13 Álvarez Estrada, D. (2009); “Tributación directa en América Latina: Equidad y
desafíos. Estudio del caso de México”, CEPAL-GIZ.