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Los órganos técnicos de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumoelaborarán una guía de los síntomas y patologías relacionados con el agente causante de la enfermedadprofesional, que sirva como fuente de información y ayuda para su diagnóstico.Disposición Final segunda.Facultades de desarrolloSe habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones de aplicación ydesarrollo de este Real Decreto.Disposición Final tercera.Entrada en vigorEl presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2007.
RCL 2005\1195 Legislación (Disposición Vigente a 7/5/2008)Real Decreto 688/2005, de 10 junioMINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALESBOE 11 junio 2005, núm. 139, [pág. 20073];MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LASEGURIDAD SOCIAL. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes detrabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciónajenoTexto:La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos Laborales, introdujo unprofundo cambio en la manera que hasta entonces se tenía de entender y aplicar la prevención, en undoble sentido: de una parte, integrándola en el conjunto de actividades y decisiones que se adoptan en elseno de la empresa, y de otra, mediante el establecimiento de unos nuevos mecanismos o instrumentos,cuya utilización por el empresario le permitiera determinar la necesidad de adoptar medidas preventivas yconocer, en tal caso, cuáles habrían de ser dichas medidas.La aplicación de la actividad preventiva en la empresa se estructura, desde este nuevo enfoque, a través delas modalidades de organización de dicha actividad que en la citada Ley se regulan y que fueronposteriormente desarrolladas por el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el RealDecreto 39/1997, de 17 de enero (RCL 1997\208).Entre las modalidades de organización de la actividad preventiva se regulan, en el artículo 31RCL1995\3053 de la Ley, los llamados servicios de prevención, que pueden ser propios de la empresa oajenos a ella, y que se definen como «el conjunto de medios humanos y materiales necesarios pararealizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud delos trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantesy a los órganos de representación especializados».Con el fin de otorgar un conjunto suficiente de posibilidades para organizar de manera racional y flexibleel desarrollo de la acción preventiva -incluida la eventual participación de las mutuas de accidentes detrabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como señala la exposición de motivos de laLey 31/1995, de 8 de noviembre-, el artículo 32RCL 1995\3053 de la Ley autorizó a las mutuas paradesarrollar, en relación con las empresas a ellas asociadas, las funciones correspondientes a los serviciosde prevención ajenos, con sujeción a los mismos requisitos que los restantes servicios de prevención detal carácter.Dada la naturaleza de entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social de las mutuas, asícomo la afectación a los fines de la Seguridad Social de los medios y recursos que aquéllas gestionan, yhabida cuenta de la naturaleza privada de la nueva actividad preventiva autorizada a las mutuas por la Ley31/1995, de 8 de noviembre, por la Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 (RCL 1997\996) seprocedió, con carácter provisional, a delimitar ambas actividades, y autorizó la utilización de los mediospersonales y materiales afectos a los fines de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social para eldesarrollo de esta nueva actividad privada, si bien condicionada al abono a la Seguridad Social de uncanon como contraprestación.Sin embargo, el desarrollo por las mutuas de la actividad como servicios de prevención ajenos en lascondiciones indicadas, con la utilización compartida de medios, ha venido a introducir un obstáculo quedificulta considerablemente las tareas de control de dichas entidades en su condición de colaboradoras enla gestión de la Seguridad Social, como han puesto de relieve el Tribunal de Cuentas y la IntervenciónGeneral de la Seguridad Social en los informes emitidos durante los últimos años, en los que también seha señalado la restricción a la libre competencia que supone la actuación de las mutuas, en talescondiciones, en relación con los restantes servicios de prevención ajenos.
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