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por la Procuradora Doña Belén Jiménez Torrecillas y Tomás representado por el Procurador Don José OlivaresSantiago. Siendo Parte recurrida Virginia representada por la Procuradora Doña Begoña Fernández Zabalgoitia.ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO El Juzgado de Instrucción número cinco de los de Motril, incoó Procedimiento con el número 55/2002contra Claudio, Tomás y Virginia, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Granada (SecciónPrimera, rollo 89/2003) que, con fecha catorce de mayo de dos mil cuatro ( ARP 2005\51) , dictó sentencia quecontiene los siguientes HECHOS PROBADOS:«I.-Valoradas en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, son HECHOS PROBADOS QUESE DECLARAN EXPRESAMENTE PROBADOS los siguientes: Que los acusados Tomás, mayor de edad,ejecutoriamente condenado en sentencia firme de fecha 25 de noviembre de 2001, como autor de un delito contralos derechos de los trabajadores, a la pena de dos años de prisión, y Claudio, mayor de edad, sin antecedentespenales, regentaban desde fecha indeterminada pero anterior al año 2002, el establecimiento denominado "LaCaramba" o "Vips House", sito en la calle Jalón núm. 4, bajo, de la localidad de Motril (Granada), siendo socios desu explotación al cincuenta por ciento en el reparto de sus beneficios, y en el que trabajaba como camarera latambién acusada Virginia, mayor de edad, sin antecedentes penales, con la que Tomás mantuvo una relaciónsentimental. Como quiera que por funcionarios de la Comisaría de Policía de la mencionada localidad se realizaronaveriguaciones para conocer si en dicho establecimiento prestaban sus servicios retribuidos ciudadanas extranjerasen situación de ilegalidad, se acordó llevar a cabo una inspección en dicho local, con el auxilio de la Inspección deTrabajo, realizándose la misma sobre las 2200 horas del día 23 de enero de 2002. En dicha visita se descubrió lapresencia en el local de dieciséis ciudadanas rusas y dos lituanas, identificadas por medio de sus respectivospasaportes como Inmaculada, Estela, Concepción, Begoña, Angelina, Almudena, Ana María y María Esther, todasellas rusas, y María Virtudes y María del Pilar, ambas lituanas. A todas ellas, los acusados citados fueroncontratando, en distintas fechas no concretadas, para trabajar como "chicas de alterne" en el referido local. Todasellas carecían de permiso de trabajo y de residencia en España y a ninguna de ellas le fue formalizado por escritocontrato de trabajo ni fueran dadas de alta en la Seguridad Social. Su trabajo en el establecimiento citado estabasometido a un horario comprendido entre las 21.00 y las 6.00 horas, aproximadamente, y consistía en la captaciónde clientes al objeto de consumir bebidas alcohólicas y, cuando les era ordenado por alguno de los propietarios,bailar para el público asistente y hacer "top less". Como retribución por esta actividad percibían un porcentaje delprecio de cada copa consumida por el cliente que captasen, de forma que por cada copa, que al cliente costabadoce euros, cada "chica de alterne" percibía la cantidad de 5,40 euros, y el resto de los titulares del negocio. Porcada copa consumida por el cliente era entregado a cada trabajadora un ticket para controlar el número deconsumiciones captadas, a fin de abonar a cada una al final de la jornada, las cantidades correspondientes alproducto de su trabajo. Además de regentar el citado local, los acusados promovieron y sufragaron el viaje a nuestropaís, desde Rusia, de numerosas de las citadas, de la forma siguiente: enviaban dinero mediante giros postales através de la empresa Foreing Exchange Company de España, SA, Western Union, que se hacía llegar de este modoa distintas personas en el citado país, en la mayor parte de las ocasiones a Jaime y Dolores, en Moscú, y Elvira, enla localidad de Tambov, de donde son originarias varias de las citadas trabajadoras; se facilitaba a las mismas elbillete aéreo y el visado de su pasaporte, de forma que a su llegada a España por diversos Aeropuertos, la mayorparte de las ocasiones el internacional de Barajas, en Madrid, las trabajadoras entraban en el territorio nacionalprovistas de su correspondiente pasaporte, con visado de turista, de duración temporal limitada. Las cantidades asíremitidas por los acusados entre el 11 de enero y el 26 de diciembre de 2001 ascendientes a más de 30.000dólares. Una vez en España, las trabajadoras eran recogidas por los acusados, o por personas encargadas porellos, y conducidas hasta Motril, donde eran alojadas en pisos alquilados por el acusado Tomás, concretamente enla CALLE000 núm. NUM000, NUM001NUM002 y en la CALLE001 núm. NUM003, NUM004NUM005, ambas deMotril. La renta de los citados pisos era abonada por cada trabajadora alojada, a razón de 10.000 pesetasmensuales, que a cada una era descontada de las ganancias obtenidas con su actividad. De igual modo, a lastrabajadoras a las que los acusados abonaban el billete de avión y los gastos de documentación para venir aEspaña, les era descontado su importe del producto de su trabajo hasta su completo pago. De las dieciochotrabajadoras encontradas en el local en el momento de la inspección, María Teresa, Inmaculada, Estela, Andrea,Camila, Erica, María Esther, Margarita, Concepción, Begoña, Marí Trini, Lina y Angelina reclaman por los perjuicioscausados. En el momento de la detención fueron hallados y ocupados en poder de Tomás 2.945,25 euros y 25.000pesetas, resultado de su ilícita actividad» (sic).SEGUNDO La Audiencia de instancia en la citada sentencia ( ARP 2005\51) , dictó la siguiente Parte Dispositiva:« FALLO.-Debemos condenar y condenamos a los acusados Tomás y Claudio como autores criminalmenteresponsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el art. 312.2 enrelación con el art. 74, ambos del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , y de un delito continuadocontra los derechos de trabajadores previsto y penado en el art. 313.1 en relación con el art. 74 del Código Penal,concurriendo la agravante de reincidencia prevista en el art. 22, párrafo 8 del Código Penal respecto de Tomás, y sincircunstancias modificativas de la responsabilidad respecto de Claudio, a las penas siguientes: A Tomás a la penade cuatro años y tres meses de prisión y multa de doce meses con cuota diaria de veinte euros por cada uno de losdos delitos, con pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante elperíodo de condena; y a Claudio, a la pena de tres años y seis meses de prisión y multa de nueve meses con cuotadiaria de veinte euros por cada uno de los dos delitos, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio dederecho de sufragio pasivo durante el período de condena. Se condena a cada uno de los citados acusados al pagode cinco decimoctavas partes de las costas causadas. Debemos absolver y absolvemos libremente a los tresacusados del delito de asociación ilícita del que eran acusados por el Ministerio Fiscal. Debemos absolver yabsolvemos libremente a la acusada Virginia del delito continuado contra los derechos de los trabajadores del que
era también acusada por el Ministerio Fiscal. Debemos decretar y decretamos el comiso de las sumas de dinerointervenidas al acusado Tomás en el curso de su detención. Debemos condenar y condenamos a Tomás y a Claudioa que de forma solidaria indemnicen a María Teresa, Inmaculada, Estela, Andrea, Camila, Erica, María Esther,Margarita, Concepción, Begoña, Marí Trini, Lina, y Angelina, con la cantidad, a cada una de ellas, de mil quinientoseuros (1.500 euros)» (sic).TERCERO Notificada la resolución a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de PreceptoConstitucional, de Ley y quebrantamiento de Forma, por el Ministerio Fiscal y las representaciones de Claudio yTomás, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificacionesnecesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.CUARTO El recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:I.-Por infracción de Ley al amparo del 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16) por indebidainaplicación de los artículos 312.2, 313.1 y 28 b) del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) en relacióncon el 74 del propio texto legal, respecto de la acusada Virginia.II.-Con carácter subsidiario del anterior, para el caso de que aquél no sea acogido, por infracción de Ley, alamparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación de los artículos 312.2 y313.1 ambos en relación con el artículo 74 y 29 del Código Penal respecto de la acusada Virginia.QUINTO El recurso interpuesto por la representación del recurrente Claudio se basó en los siguientes MOTIVOSDE CASACIÓN:I.-Con fundamento en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16) , por infracción deLey, al haberse aplicado indebidamente el artículo 312.2º en relación con el artículo 74, ambos del Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .II.-Con fundamento en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley por indebidaaplicación del artículo 313.1 en relación con el artículo 74 ambos del Código Penal.III.-Con fundamento en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley, por haberseaplicado indebidamente el artículo 74 del Código Penal, al considerar que los hechos probados son constitutivos deun solo delito continuado de los artículos 312.2 y 131.1, en relación con el artículo 74 ambos del Código Penal, enconcurso medial.IV.-Con fundamento en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley por indebidaaplicación del artículo 50.5 del Código Penal.V.-Con fundamento al amparo del artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por quebrantamiento deForma al entender que no se ha considerado las documentales aportadas en toda la extensión del significado querepresentaban.VI.-Con fundamento en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error de hecho.SEXTO El recurso interpuesto por la representación del recurrente Tomás se basó en los siguientes MOTIVOSDE CASACIÓN:I.-Infracción de Precepto Constitucional por denegación de la Tutela Judicial Efectiva, garantizada en el artículo24.1 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836) , en relación con el artículo 568 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal ( LEG 1882\16) , con resultado de indefensión.II.-Infracción de Ley por quebrantamiento de Precepto Constitucional por denegación a mi representado de latutela judicial efectiva con generación de indefensión, vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución Española.III.-Infracción de Ley por aplicación indebida de los artículos 312.2 y 313.1 del Código Penal ( RCL 1995\3170 yRCL 1996, 777) .IV.-Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 313.1 del Código Penal.V.-Infracción de Ley por inaplicación del artículo 77 del Código Penal en lo referente al concurso medial.SÉPTIMO Instruidas la parte recurrida y las partes recurrentes entre sí; quedando conclusos los autos paraseñalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.OCTAVO Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día cinco de diciembre de dosmil cinco.Recurso de TomásFUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO El recurrente ha sido condenado como autor de dos delitos continuados contra los derechos de los
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