inspeccion de trabajo y delitos contra los/as ... - In-formación

La realidad de que los referidos trabajadores fueron sometidos a unas condiciones de trabajo que perjudicaban,suprimían o restringían sus derechos laborales, se desprende, con evidencia, del propio hecho de carecer depermiso de residencia y de trabajo los referidos señores, contratándolos en tales circunstancias, quedandoperjudicados los derechos que como trabajadores les corresponden y así se hallan reconocidos por disposicioneslegales, impidiéndose el alta en la seguridad social, determinando ello la imposibilidad del ejercicio regular de losderechos correspondientes a tal situación de alta en la seguridad social, e igualmente el correspondiente ordinarioejercicio de los derechos derivados de los convenios colectivos, en el caso que nos ocupa relativos a laconstrucción, viéndose así claramente afectados diversos derechos de los referidos trabajadores, entre otros losrelativos a posibles futuros derechos pasivos, prestaciones por desempleo, e incluso, con un carácter más concretoe inmediato, a la propia reclamación de los salarios no percibidos que, en el caso que nos ocupa, aun en la tesissostenida por la defensa, se concretarían en la realidad de que, finalizada la relación laboral, se adeudabandeterminados salarios a los trabajadores, salarios éstos en relación con cuya reclamación, dadas las circunstanciasde su contratación laboral, se encontraban restringidos o limitados los derechos de dichos trabajadores.En definitiva, todo lo actuado pone de manifiesto, con rotundidad, la concurrencia de los elementos que integranel delito previsto y penado en el art. 312-2 del Código Penal por el que se condenó al acusado, haciendo nuestroslos acertados razonamientos de la resolución recurrida, en relación con las características y naturaleza del referidodelito, concluyendo que de la prueba practicada se desprende la concurrencia de los requisitos que integran el delitoimputado, teniendo especialmente en cuenta al respecto, tanto la ausencia de todo documento que justifique elajuste a la legalidad de la contratación laboral, como las contestes declaraciones de los tres trabajadores queejercitan la acusación particular, directamente percibidas por el Juzgador de instancia y que llevaron a suconvencimiento que los hechos se produjeron en la forma declarada probada en la sentencia de instancia, sin queapreciemos motivo alguno para apartarnos de tal valoración, fruto de la inmediación característica de la primerainstancia.Todo ello, como decimos, nos lleva a compartir el criterio de la resolución recurrida en cuanto se apreció laconcurrencia de los requisitos que integren el citado delito, y se concluyó la autoría del acusado.Procede, por consiguiente, la desestimación del recurso de apelación formulado por la defensa del acusado y laconfirmación de la resolución recurrida en cuanto se condenó al mismo como autor del citado delito.TERCERO Por lo que se refiere al recurso formulado por la acusación particular, se pretende mediante el mismoque se incremente la indemnización establecida a favor de los perjudicados en el sentido de conceder a los mismos,además de la indemnización fijada en la sentencia de instancia en concepto de cantidades dejadas de percibir deacuerdo con el salario pactado entre las partes, además de ello, interesa que se les abone la cantidadcorrespondiente a la parte proporcional de vacaciones, la indemnización de 4,5 días que les hubiese correspondidopor cese en la actividad laboral, así como la de 15 días en concepto de indemnización sustitutiva del preavisocorrespondiente al cese de los trabajadores por terminación de la obra.Tal pretensión de la parte recurrente debe ser acogida toda vez que, ciertamente, conforme al convenio colectivocorrespondiente a la construcción publicado en el boletín oficial de Navarra de 5 de Julio de 1.999, a los referidostrabajadores, si se hubiere suscrito el correspondiente contrato de trabajo en debida forma, les hubiesecorrespondido la indemnización de 4,5 días por el cese de la obra, al igual que, conforme a lo establecido en el art.11 del referido convenio, si no se les hubiere dado el correspondiente preaviso establecido en dicho artículo,hubiesen ostentado derecho a la correspondiente indemnización de 15 días en lugar del indicado preaviso, lo que,teniendo en cuenta además la parte proporcional de vacaciones que les hubiese correspondido atendido el mes detrabajo realizado; aplicado todo ello al salario pactado entre las partes de 10.000 pts. diarias, en lo que se refiere aD. Alberto y D. Oswaldo C., y de 12.000 pts. diarias respecto del Sr. Rojas, todo ello determina que, si se hubieraactuado en legal forma, los referidos perjudicados hubieren ostentado derecho a que se les indemnizase en lascantidades reclamadas por la acusación particular, por los conceptos indicados, que ascenderían, en total, a1.322,23 euros, en lo relativo a los Srs. C., y 1.586,67 euros, en lo que afecta al Sr. R., debiendo ser estimado elrecurso de apelación formulado por la acusación particular y revocada parcialmente la sentencia de instancia, en elsentido de conceder a los indicados perjudicados las referidas cantidades.Debe, en consecuencia, estimarse el recurso de apelación formulado por la acusación particular.CUARTO Dada la desestimación del recurso de apelación formulado por la defensa del Sr. G. A., y conforme a loestablecido en el art. 123 del Código Penal, en relación con el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG1882\16), procede imponer a dicho acusado las costas de esta alzada correspondientes a su recurso de apelación.De otro lado, habiéndose estimado el recurso de apelación formulado por la acusación particular, procededeclarar de oficio las costas de esta alzada correspondientes a dicho recurso.VISTOS los artículos citados concordantes y demás de general aplicación,IV FALLO