inspeccion de trabajo y delitos contra los/as ... - In-formación

RCL 1997\2721 Legislación (Disposición Vigente a 7/5/2008)Ley 42/1997, de 14 noviembreJEFATURA DEL ESTADOBOE 15 noviembre 1997, núm. 274, [pág. 33539];INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ordenación de la Inspección deTrabajo y Seguridad SocialTexto:EXPOSICION DE MOTIVOSI.La Inspección en materia socio-laboral dispone en España de una acreditada tradición, que, prescindiendode otros antecedentes, y partiendo de su primer Reglamento elaborado por el Instituto de ReformasSociales en 1 de marzo de 1906, abre un proceso histórico de progresión en la regulación de la funcióninspectora, inicialmente referida a las relaciones laborales para luego extender su acción a los ámbitos dela protección social, de la promoción y protección del empleo y materias afines, y extendiéndoseprogresivamente a la generalidad de los sectores superando su inicial concepción obrerista. Dicho procesohistórico desemboca en la Ley 39/1962, de 21 de julio (RCL 1962\1335), de Ordenación de la Inspecciónde Trabajo, que incorpora los principios del Convenio número 81 de la Organización Internacional delTrabajo de 11 de julio de 1947 (RCL 1961\6 y 144), sobre Inspección de Trabajo en la Industria y elComercio, que España había ratificado el 14 de enero de 1960, Ley que ha estado vigente hasta elpresente.La regulación de la referida Ley, desarrollada en paralelo a la legislación sustantiva en materia de trabajo,emigración, seguridad social, seguridad e higiene, empleo y trabajo de extranjeros, adolece de lacomplejidad y dispersión propias de un proceso dilatado en el tiempo. Además, su articulación unitaria en1962 se produce en el marco de un modelo autoritario de ordenación de las relaciones laborales y socialesque contempla la intervención del Estado como pieza básica del sistema institucional, hoy sustituido porla Constitución de 1978 (RCL 1978\2836), cuyo artículo primeroRCL 1978\2836 propugna, como valoressupremos del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, comopropios del Estado social y democrático de Derecho que instituye dicho texto fundamental.Viene produciéndose, así, una situación de coexistencia de la Ley 39/1962, de 21 de julio, de Ordenaciónde la Inspección de Trabajo, con el sistema constitucional de derechos y libertades. A su vez, laconcepción política imperante en 1962 pugna con la nueva organización territorial del Estado tambiénsurgida de la Constitución de 1978 con lo que, además de por las disfuncionalidades nacidas deltranscurso del tiempo, se hace precisa la promulgación de una nueva Ley Ordenadora que tenga en cuentala configuración de la actividad inspectora, como propia de un sistema institucional integrado y coherentecon el modelo constitucional, que el Estado y las Comunidades Autónomas comparten de acuerdo con lasreglas de distribución de competencias entre ambos bloques de poderes públicos.II.Este carácter integrado del sistema se pone, por otra parte, de manifiesto en el carácter de CuerpoNacional que la Ley 11/1994, de 19 de mayo (RCL 1994\1422 y 1651), atribuye al Cuerpo Superior deInspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del desarrollo del proceso autonómico, sin quepor ello se afecten las competencias de ejecución de la legislación laboral, propias de las ComunidadesAutónomas, a las que corresponde, naturalmente, la titularidad de la potestad sancionadora en talesmaterias, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la interpretación que por elmismo se hace del alcance de las competencias exclusivas del Estado enumeradas en el artículo 149.1.7ªy17ªRCL 1978\2836 de la Constitución Española (RCL 1978\2836).De otro lado, en el amplio marco de los sistemas de protección social, ha de responderse con suficiente