inspeccion de trabajo y delitos contra los/as ... - In-formación

Se admiten y aquí se dan por reproducidos los que bajo dicho epígrafe se consignan en la sentencia de primerainstancia, del siguiente tenor literal: "Probado y así expresamente se declara que el acusado ANDRÉS G. A., mayorde edad y sin antecedentes penales, albañil de profesión, en fecha no concretada hacia inicios del mes deseptiembre de 2000 contactó con los súbditos ecuatorianos Alberto C. T., Oswaldo C. R. y Lorenzo R. T., que,llegados recientemente a España estaban buscando trabajo en la construcción en Pamplona, y, con conocimiento deque los mismos no tenían legalizada su situación, los contrató verbalmente para realizar unas obras de albañilería enel acondicionamiento de un local comercial sito en la c/..., de esta ciudad, propiedad de José A., acordando elacusado con los mencionados súbditos extranjeros el pago semanal de un salario de 8.000 pesetas diarias a AlbertoC. T. y a Oswaldo C. R., como peones, y de 10.000 pesetas diarias a Lorenzo R. T., como oficial, pero sin verificarningún contrato de trabajo por escrito, ni darles de alta en la Seguridad Social, ni solicitar el correspondiente permisode trabajo a la Delegación del Gobierno en Navarra. De esta forma los mencionados súbditos ecuatorianoscomenzaron a prestar sus servicios, con horario diario de unas siete horas diarias aproximadamente, y por los que elacusado abonó a los citados las cuantías de salario diario pactado correspondientes a la primera semana, pero sinque posteriormente les abonara salario alguno durante las tres semanas restantes, salvo dos únicos pagosposteriores, uno de 5.000 pesetas y otro de 10.000 pesetas, a pesar de haberles manifestado que les iba a subir elsuelo a 60.000 pesetas y 70.000 pesetas semanales respectivamente, incluyendo las mañanas de los sábados,dado su buen trabajo, y serle requerido tales abonos por los trabajadores pues carecían de medios económicospropios para subsistir y poder pagar de alquiler de su alojamiento, sin que les iniciara trámite alguno para regularizarsu situación laboral y de seguridad social, a pesar de sabérselo solicitado los trabajadores diciéndoles que para fichotrabajo no era necesario. Como consecuencia de todo lo anterior, y habiendo finiquitado las obras el acusado deudaa Alberto C. y Oswaldo C. 160.000 pesetas a jada uno y 190.000 pesetas a Lorenzo, por los trabajos ejecutadosdesde el 15 de septiembre de 2.000 al 18 de octubre de 2.000."FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO La sentencia de instancia condenó al imputado Sr. G. A., como autor responsable de un delito contralos derechos de los trabajadores, previsto y penado en el art. 312-2 del Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996,777), que se le imputaba por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, imponiendo al mismo la pena y abonode indemnizaciones señaladas en el antecedente de hecho II de la presente resolución.Frente a aquella sentencia se alzan, de un lado, la defensa del acusado, solicitando que se disponga suabsolución y, de otro lado, la acusación particular, solicitando la revocación parcial de la resolución recurrida en elúnico sentido de que se fije a favor de los perjudicados, además de las cantidades señaladas en la resoluciónrecurrida, las de 1.322,23 euros a favor de Oswaldo C. y de Alberto C., y la de 1.586,67 euros a favor de Lorenzo R.SEGUNDO Por lo que se refiere al recurso formulado por la defensa del acusado, se alega como fundamento dela pretensión absolutoria deducida, que el art. 312-2 del Código Penal contempla como delito la contratación detrabajadores extranjeros sin haber obtenido el correspondiente permiso de trabajo pero, además, exige que lacontratación se produzca en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos pordisposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual correspondientes, sin que en el presente caso hayaquedado justificada una contratación en tales condiciones, afirmando que el acusado actuó en todo momento conabsoluta buena fe, habiéndole manifestado los acusados que poseían la documentación necesaria para podersolicitar el correspondiente permiso de trabajo, sin que dicha documentación le fuere facilitada por los propiostrabajadores, los cuales llegaron incluso a solicitar trabajo al acusado con posterioridad a la obra en relación con lacual se tramita el presente procedimiento.Afirma la parte recurrente que, en su caso, los hechos enjuiciados pudieran ser objeto de la correspondientesanción administrativa, pero nunca de sanción penal.Ante la indicada pretensión de la parte recurrente hemos de señalar que, examinado lo actuado, se desprendede la prueba practicada, con contundencia, que los hechos que nos ocupan se produjeron en la forma en la quefueron declarados probados en la resolución recurrida, quedando plenamente acreditado que el acusado contrató alos súbditos ecuatorianos D. Alberto C., D. Oswaldo C. y D. Lorenzo R. para realizar las correspondientes obras dealbañilería relativas al acondicionamiento de un local comercial, conociendo que los mismos carecían delcorrespondiente permiso de trabajo, procediendo a contratarlos, y éstos a realizar su labor como albañiles, sinconcertar contrato escrito alguno; sin ser dados de alta en la seguridad social, siendo perfectamente conocedor deello el recurrente, sin que el mismo diese paso alguno en orden a comunicar a las autoridades administrativas suintención de concertar los correspondientes contratos de trabajo escritos, sin obtener los correspondientes permisosde trabajo, dar de alta en la seguridad social a los trabajadores, y ni siquiera tratando de sustituir la evidentelimitación de los derechos que como trabajadores debían ostentar los trabajadores contratados, posibilitándolesotras alternativas que pudiesen paliar aquellas limitaciones en relación con sus condiciones laborales o de seguridadsocial.El hecho de que los referidos trabajadores carecían del correspondiente permiso de trabajo, no teniendolegalizada su situación, resulta ser indiscutible, y no puede ser acogida la tesis del acusado en el sentido de queeran los trabajadores quienes afirmaban tener la correspondiente documentación que posibilitaría la obtención delpermiso de trabajo y que, sin embargo, no se la facilitaban, siendo razonable considerar, en las actualescircunstancias sociales existentes en relación con la inmigración, que el acusado debió necesariamente deducir,siquiera ante la falta de entrega inmediata de la correspondiente documentación, cual era la real situación en la quese hallaban los trabajadores contratados, omitiendo dar cualquier paso en orden a legalizar su situación laboral,concertando, no obstante ello, el correspondiente contrato verbal de trabajo.