Revista nÂº 21, 1Âº trimestre aÃ±o 2007 (PDF 4.4 Mb) - AsociaciÃ³n ...

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doctrinaRevista de responsabilidad civil y segurodoctrinaEn cuanto al régimen específico de responsabilidadde los Abogados, se recoge en el art. 78del EGAE“1. Los abogados están sujetos a responsabilidadpenal por los delitos y faltas que cometanen el ejercicio de su profesión.2. Los abogados en su ejercicio profesional,están sujetos a responsabilidad civil cuandopor dolo o negligencia dañen los interesescuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidadque será exigible conforme a lalegislación ordinaria ante los Tribunales deJusticia, pudiendo establecerse legalmentesu aseguramiento obligatorio 10 ”.No obstante, debe tenerse presente que, comoen todas las profesiones, existe una enorme diferenciade pericia, formación y experiencia entre los diferentesprofesionales. Esta circunstancia se ve agravada,además, por el hecho de que, a diferencia delo que sucede en los países de nuestro entorno, enEspaña hasta ahora (y hasta tanto no entre en vigorla Ley 34/2006, de 30 octubre 2006, de acceso alas profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales[BOE de 31 de octubre], con un prolongadísimoperiodo de vacatio legis [disp. final 3ª: 5 años]),una vez que el estudiante de Derecho ha obtenido laLicenciatura, no precisa de ningún requisito adicionalpara la colegiación y, a su través, para el ejerciciode la abogacía. Es más, el art. 15.2 EGAE prohíbe alos Colegios de Abogados denegar el ingreso en lacorporación a quienes reúnan los requisitos establecidosen el artículo 13 del propio EGAE.Una vez colegiado, el Abogado podrá «ejercersu profesión ante cualquier clase de Tribunales,órganos administrativos, asociaciones, corporacionesy entidades públicas de cualquier índole, …»(art. 8 EGAE).Como se ve, el sistema es particularmente“generoso”, puesto que al poco tiempo de haberobtenido la Licenciatura, un colegiado puede actuarante cualquier Juez o Tribunal, de la jurisdicciónque fuere; incluyendo al Tribunal Supremo y alTribunal Constitucional.Ello impide hablar de un canon objetivo de diligencia(el del buen padre de familia; en este caso,la diligencia exigible a un abogado medio), y consideraraplicable uno subjetivo (“quam in suis”), demodo que la negligencia del abogado habrá de medirseatendiendo a su nivel de pericia. De esta forma,donde podría hablarse de conducta negligenteen ciertos Abogados, no podría hacerse lo propioen el caso de otros.No obstante, la jurisprudencia habla de un particulardeber de diligencia del Abogado. Así lo hacela STS de 4 febrero 1992 (RJ 1992\819), según lacual los arts. 53 y 54 del Real Decreto 2090/1982,de 24 julio, del Estatuto General de la Abogacía (actualart. 42 EGAE) imponen al abogado actuar condiligencia, cuya exigencia debe ser mayor que lapropia de un padre de familia dados los cánonesprofesionales recogidos en su Estatuto y que sirvende buena y estricta medida de su actuación.Lo que sucede es que el Abogado deberá tomaren consideración el estado de sus conocimientos,y si éstos o su especialización le permiten la direcciónletrada de un determinado asunto, de maneraque deberá rechazarlo si considera que su formaciónno le permite esa dirección. Así lo contemplael Código deontológico de los Abogados, que en sunúm. 6.5 señala que “El Abogado no debe aceptarun asunto para cuya resolución no esté capacitadoen función de sus conocimientos y dedicación profesionalo que no pueda atender debidamente, por10Por su parte, el art. 79 viene a establecer una especie de “recomendación” para el abogado a quien se le haya encargado el ejercicio de unaacción de reclamación de daños contra un colega: “El abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contraotro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá informar al Decano del Colegio para que pueda realizar unalabor de mediación, si la considera oportuna, aun cuando el incumplimiento de dicho deber no pueda ser disciplinariamente sancionado.”30
Revista de responsabilidad civil y segurodoctrinatener comprometida la resolución de otros asuntosurgentes”. De modo que el Abogado que acepta unasunto cuya dirección técnica no está en condicionesde asumir, responderá frente a su cliente cuandoel resultado desfavorable tenga su causa en lafalta de cualificación de aquél para ese concretoasunto, o en la falta de dedicación necesaria.Aunque lo cierto es que aquí puede hablarsetambién de reglas del mercado y de asunción delriesgo por el cliente. Al contratar los servicios deun Abogado, el cliente deberá sopesar si quien contratóalcanza el grado de experiencia o pericia quedesea, o bien si los honorarios percibidos por elAbogado compensan su insuficiente experiencia opericia 11 , por lo que también él asumirá el riesgo deun resultado desfavorable por tal causa.Todo lo anterior sin perjuicio, naturalmente, dela existencia de un “mínimo de diligencia o periciaprofesional” exigible a todo Abogado, sea cual fueresu experiencia, y que se define como “lex artisad hoc”.En consecuencia, el Abogado incurrirá en responsabilidadno por tener una formación o periciainferior a otros Abogados, sino cuando en el concretoasunto que lleve su actuación no alcance ladiligencia que le es exigible, o bien cuando no alcanceel mínimo de diligencia exigible a cualquierAbogado. Como señala la STS de 3 octubre 1998(RJ 8587), «A lo que está obligado el Abogado es,pues, a prestar sus servicios profesionales concompetencia y prontitud requeridas por las circunstanciasde cada caso (artículo 1258 CC). En esacompetencia se incluye el conocimiento de la legislacióny jurisprudencia aplicable al caso, y a suaplicación con criterios de razonabilidad si hubieseinterpretaciones no unívocas» (FD 3º). De otro ladose ha declarado también que los Tribunales no puedenentrar a revisar toda la actuación profesionaldel Abogado, sino comprobar si ha realizado actos(o los ha omitido) que supongan un cumplimientodefectuoso de la obligación, sin que el hecho deno haber tenido éxito judicial pueda ser valoradocomo una presunción de culpabilidad (STS de 8 junio2000 [RJ 5098]).No obstante, debe tenerse presente que notoda negligencia profesional da derecho a una pretensiónindemnizatoria. Para ello es necesario quede dicha negligencia se derive un perjuicio cierto alcliente, y no uno eventual o meramente hipotético.Sirva de ejemplo la STS de 30 marzo 2006 (RJ2006\2129), sobre los siguientes hechos:Dª Estela, reclamó del abogado D. Cristóbaluna indemnización de 11.500.000 pesetas, a queascendía la diferencia resultante respecto a lasindemnizaciones que le fueron otorgadas en conceptode secuelas acreditadas en un pleito anterior,ascendente a 500.000 pesetas, y la sumade 12.000.000 pesetas a que ascendían los conceptosde secuelas funcionales (por 10.000.000doctrina11El antiguo Código deontológico señalaba como causas de captación desleal de clientela la percepción “de manera sistemática honorariosinferiores a aquellos que como mínimos y orientadores haya fijado el Colegio (norma 6.12.d), y la norma 7.2 imponía a los Abogados eldeber de ajustar la cuantía de sus honorarios a las reglas, normas, usos y costumbres del Colegio. Esta previsión ha desaparecido del nuevoCódigo Deontológico del año 2000, por ser contraria a las normas sobre competencia. El artículo 15.1 del vigente CDA se dice que “A faltade pacto expreso en contrario, entre Abogado y cliente, los honorarios se ajustarán a las Normas orientadoras del Colegio en cuyo ámbitoactúe …, normas que tendrán carácter supletorio”.Sin embargo, el art. 16 del CDA mantenía la prohibición de la cuota litis, lo que fue declarado contrario a las normas sobre competencia por laResolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 26 septiembre 2002 (Pleno). Esta resolución declaró que la libertad de pacto entreAbogado y cliente a la que se refiere el art. 15 CDA resulta meramente retórica ante la expresa prohibición limitativa de tal libertad contenidaen el art. 16, declarando que esta prohibición constituye una decisión colectiva de las prohibidas por el art. 1 de la Ley de Defensa de laCompetencia, por lo que en intima al CGAE «para que, en el plazo de tres meses, proceda a modificar el citado art. 16 CDA, liberando de lailegal prohibición que ahora contiene a la fijación de los honorarios de los Abogados, que deben quedar a la libre negociación entre abogadoy cliente».En su virtud, el texto del art. 16, relativo a la prohibición de la cuota litis fue suspendido de vigencia y eficacia por acuerdo del Pleno Generaldel Consejo de la Abogacía Española de 10 diciembre 2002.31
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