Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

92
pueblo Ngöbe Bugle pidiendo la derogación de la ley que reforma el Código Minero,
cuando la policía que actuaba con el objeto de dispersar a los manifestantes, lo habrían
detenido junto con su esposa y llevado a la Estación de Policía “el Chorrillo” y, finalmente,
el 27 de febrero, al Servicio Nacional de Migración y a la Estación de Policía
Administrativa de la Corregiduría de Ancón. Entre el 27 y 28 de febrero se le habría
informado que el motivo de su detención sería el que se encontraba alterando el orden
público, por lo que el Servicio Nacional de Migración (SNM) procedería a verificar su
estatus migratorio. A través de una resolución del SNM se habría informado al señor
Gómez Nadal que ante los actos cometidos por él procedía “la repatriación voluntaria” a
España, en conformidad con el artículo 84 del Decreto‐Ley 3 del 2008 que establece la
repatriación voluntaria como una sanción administrativa que puede ser aplicada a
migrantes irregulares que soliciten su retorno 469 . El SNM habría informado que el señor
Gómez Nadal tenía un estatus irregular pues no contaba con un permiso que lo habilitara
para laborar dentro del territorio nacional y que la señora María Pilar Chato entró al país
en calidad de turista. De acuerdo a la información disponible, ante el actuar de las
autoridades, el señor Gómez Nadal habría solicitado su repatriación voluntaria con lo que
de acuerdo a la ley, tendría un impedimento de entrada a Panamá no menor a dos años,
ni mayor de cinco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 41 de la Convención Americana, solicitó información
al gobierno de Panamá en relación a estos hechos. Panamá remitió su respuesta a la CIDH
el 8 de marzo de 2011, en la cual explicó que en todo momento se le habrían garantizado
los derechos humanos y garantías fundamentales al señor Gómez Nadal y su esposa,
María Pilar Chato Carral y que la salida de Panamá se realizó de acuerdo a la voluntad de
los extranjeros.
229. La CIDH ha observado que algunas legislaciones posibilitan la expulsión
de extranjeros, o la sanción a nacionales que los auspicien o inviten, cuando se atente
contra la “soberanía”, “orden público”, “seguridad” o “independencia” de la nación o
cuando defiendan o promuevan determinados derechos, como lo son los derechos
políticos. La CIDH considera que la ambigüedad y vaguedad de estos conceptos en las leyes
permite mucha discrecionalidad por parte de las autoridades encargadas de aplicarlas;
asimismo, reitera que el derecho a defender los derechos, incluye a todos los derechos y
no se puede negar por la nacionalidad del defensor o defensora, salvo incurrir en un trato
discriminatorio.
230. En su respuesta a este informe, por ejemplo, El Salvador reconoció que la
Ley de Extranjería de dicho país establece que los extranjeros que directa o indirectamente
participen en la política interna del país, pierden el derecho a residir en él, “existiendo un
elevado ámbito de discrecionalidad para las autoridades administrativas para determinar si
las actividades de un extranjero en materia de promoción de los derechos humanos
constituyen un involucramiento en la política interna”. La CIDH valora este reconocimiento
e insta el Estado salvadoreño a adecuar su legislación a los estándares interamericanos
relacionados con el prinicipio de legalidad. No obstante, observa con preocupación la
existencia de legislaciones de otros Estados que constituyen serias restricciones al ejercicio
de defensa de los derechos humanos por parte de extranjeros.
2008.pdf.
469 Decreto‐Ley 3 de 22 de febrero de 2008. Disponible en: http://visaspanama.com/decreto‐ley‐3‐de‐