Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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a. Compromiso político del Estado con el programa nacional de protección
487. La Comisión señaló en su informe de 2006 que para que un programa de
protección sea eficaz, requiere estar respaldado por un fuerte compromiso político del
Estado 1035 . Dicho compromiso se refleja en la manera en que se asegure jurídicamente el
funcionamiento del programa, la efectividad en los mandamientos de las autoridades que
estén a su cargo, así como los recursos y personal que sean asignados al mismo 1036 .
488. En cuanto al reconocimiento jurídico del programa de protección, la CIDH
reitera la conveniencia de que los programas de protección hagan parte de un plan
nacional de derechos humanos que sea asumido como una política prioritaria en todas las
instancias decisorias institucionales, tanto a nivel central como a nivel local 1037 . En especial,
la Comisión valora los programas de protección que han sido consagrados por los Estados
con rango de ley, los cuales imprimen seguridad y transparencia en sus procedimientos.
489. En relación a la autoridad responsable del programa de protección, la
protección a defensoras y defensores de derechos humanos no debe estar sujeta a la
buena fe de ninguna autoridad sino que debe provenir del mandato de la propia ley o
convenios interinstitucionales de colaboración. Los Estados deben adoptar normas que
delimiten con claridad las competencias y responsabilidades de las autoridades que
intervengan en la implementación y vigilancia de las medidas de protección y aseguren
jurídicamente las atribuciones con que cuenten las autoridades para tales fines.
490. En el caso de los Estados regidos por un sistema federal, la CIDH estima
que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad y eficiencia del
programa de protección. Al respecto, se debe definir si la implementación y vigilancia de
las medidas de protección será instrumentada directamente por el gobierno central, o
bien, en el marco de colaboración con las autoridades locales. La CIDH considera que los
Estados deben adoptar un marco jurídico que permita que las autoridades centrales y
locales tengan claridad sobre sus atribuciones relacionadas con la protección de manera
que exista coherencia en el nivel de transferencias de competencias y recursos de la
instancia nacional a los locales.
491. De conformidad con el artículo 28 de la Convención, cuando se trate de
un Estado constituido como Federal, el gobierno de dicho Estado deberá cumplir todas las
disposiciones de la Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial. Con respecto de las disposiciones relativas a las materias
que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el
artículo 28 de la Convención indica que el gobierno nacional debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes a fin de que las autoridades
locales puedan adoptar las disposiciones para dar cumplimiento a la Convención.
1035
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 133.
1036
Ibidem, párr. 133.
1037
Ibidem, párr. 133.