Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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concepto de “interés público” y su amplia relación con el ejercicio de defensa de los
derechos humanos, algunos de estos requerimientos podrían exceder los límites de
confidencialidad que requieren las organizaciones en relación a las causas que
promueven 365 y sujetar a las organizaciones a una carga desproporcionada que no tienen la
obligación de soportar.
181. En relación al argumento de “transparencia” que es utilizado por algunos
Estados para justificar el conocimiento del financiamiento de las organizaciones, la CIDH
reitera que el derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las
autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos. Este
derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos
o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. Respecto de estos últimos, el
derecho de acceso a la información obliga a suministrar información exclusivamente
respecto al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo y el
cumplimiento de las funciones publicas mencionadas 366 .
182. La CIDH considera, de acuerdo a lo anterior, que los recursos financieros
que reciban las organizaciones no son, en principio, de carácter público. En cambio, las
organizaciones de la sociedad civil se constituirán como sujetos obligados en virtud del
derecho de acceso a la información, cuando presten servicios públicos o ejecuten, en
nombre del Estado, recursos públicos. En cualquier caso, los Estados pueden solicitar
legítimamente información a las organizaciones sobre sus relaciones jurídicas privadas
cuando realicen funciones de investigación de algún delito, o bien, fiscalización tributaria.
La CIDH en 2010 recibió información de Bolivia sobre un Proyecto de Ley de Transparencia
y Acceso a la información pública presentado por el gobierno nacional a la Asamblea
Legislativa Plurinacional, el cual establece en su artículo 3 que, además de las
autoridades, la ley es aplicable también a las entidades privadas que reciban fondos o
bienes, “de cualquier origen, para la consecución de fines de interés público o fines
sociales” y que las disposiciones de la ley “no serán limitativas a organizaciones sociales,
actores sociales u otras organizaciones de la sociedad civil” 367 . La CIDH observa que el
citado precepto asimila a las organizaciones de la sociedad civil, independientemente de
cual sea el origen de su financiamiento, a las obligaciones de acceso a la información que
corresponden a las autoridades. La CIDH reitera que solamente se les puede exigir a las
organizaciones de la sociedad civil en virtud de la garantía del derecho de acceso,
información respecto al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a
su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas que le sean encomendadas 368 . La
CIDH considera que asimilar con las autoridades a las organizaciones de la sociedad civil
365
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, párr. 572.
366
CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano, 30 de diciembre de 2009, párr. 19.
367
Artículo 3 del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Agosto de 2010.
Disponible en: http://anpbolivia.com/index.phpoption=com_content&task=view&id=168&Itemid=42
368
CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano, 30 de diciembre de 2009, párr. 19.