Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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blindados, motos, medios de comunicación y tras la información relativa a un presunto
plan criminal para atentar contra los Magistrados publicada en los medios de
comunicación, dispuso el refuerzo de los esquemas de protección de los Magistrados 922 .
La CIDH ha continuado recibiendo información sobre amenazas y actos de hostigamiento
contra los Magistrados, Iván Velásquez, María del Rosario González y César Julio Valencia
Copete, en el marco de la medida cautelar otorgada por la Comisión para proteger su vida
e integridad. La CIDH expresa nuevamente su preocupación porque, a pesar de haberse
hecho públicas las actividades de inteligencia de las que fueron objeto los Magistrados, no
se ha recibido información sobre las acciones emprendidas para la revisión y depuración
de los archivos de inteligencia y así asegurar las condiciones de seguridad de los
beneficiarios 923 .
401. Algunas de las destituciones de juezas y jueces en la región han sido
efectuadas por órganos disciplinarios tras el pronunciamiento de una instancia superior
que ordena la revocación de una resolución judicial. En algunos de los casos, la destitución
se realiza a través de procedimientos administrativos carentes de las debidas garantías
consustanciales al debido proceso. La anterior falta de respeto por las decisiones judiciales
atenta contra la garantía de independencia de los jueces y deteriora el sistema de
administración de justicia. La CIDH reitera que una apreciación jurídica sólo debe ser
controvertida a través de los medios de impugnación dispuestos por los Estados y la sola
revocación de una decisión por un órgano superior no debe dar lugar a la destitución en el
cargo del juez que emitió la resolución impugnada 924 .
De acuerdo a información recibida por la CIDH, Miguel Antonio Arias se desempeñaba
como Juez Primero de lo Penal del Azuay en Ecuador cuando en un juicio penal por
tenencia de droga habría dictado la libertad y auto de sobreseimiento definitivo a favor
del imputado. Tras esta decisión el Fiscal del Azuay apeló la decisión ante la Segunda Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca y ésta revocó la primera resolución. De
acuerdo a la información disponible, con posterioridad a esta nueva resolución, la
Delegación Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura mediante resolución de 19 de
junio de 2006 inició un sumario administrativo que habría culminado con la destitución
922
CIDH, Informe Anual 2010. Capítulo IV ‐ Colombia, 7 de marzo de 2011, párr. 222. Nota DDH/OEA
No. 0738 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, de fecha 5 de abril de 2010. El
Estado en sus observaciones informó que el Decreto 1740 de 2010 establece un Programa de Protección a cargo
de la Policía Nacional que en razón del cargo, brinda protección Magistrados de la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; y en razón del riesgo, ofrece
protección a jueces de la República y a funcionarios y ex‐funcionarios públicos del orden nacional. Observaciones
de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el País
correspondiente a 2010, 25 de febrero de 2011, pág. 45.
923
Ibidem, párr. 225.
924
Principios y Directrices relativos al Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África,
adoptados como parte del informe de actividades de la Comisión Africana en la 2ª Cumbre y Reunión de Jefes de
Estado de la Unión Africana celebrada en Maputo del 4‐12 de julio de 2003, Principio A, numeral 4, literal n (2).