Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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autoridades y sociedad civil; así como una distinción clara entre la seguridad interior como
función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, deben ser
observadas por los Estados y aseguradas normativamente para prevenir afectaciones a los
derechos humanos relacionadas con una indebida intervención estatal durante las
manifestaciones de protesta social.
142. En relación al entrenamiento y capacitación, las fuerzas policiales deben
recibir el entrenamiento y las órdenes precisas para actuar con la certeza de que su obligación
es proteger a los participantes en una reunión pública o en una manifestación o concentración,
en la medida que éstos ejercen un derecho 278 . Asimismo, los Estados deben garantizar que
las fuerzas policiales estén preparadas para hacer frente a situaciones de perturbación del
orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos
humanos. Los Estados deben adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en
particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos
armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de
los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo estados
de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley 279 .
143. De acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Estado
también debe de dotar del equipamiento adecuado a los funcionarios estatales que
participarían en el control de las manifestaciones de protesta social. Asimismo, los Estados
deben dar a los funcionarios correspondientes distintos tipos de armas y municiones de
modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre las
armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera
apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar
lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por
ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de
balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo 280 . El Estado tiene la
obligación de proporcionar a sus fuerzas policiales herramientas de comunicación y vehículos
adecuados para intervenir en estas circunstancias 281 .
144. En cuanto a los mecanismos de coordinación entre autoridades y
manifestantes, tal como lo ha establecido la Comisión en su Informe sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos (2009), los Estados deben establecer criterios claros, con
278
Idem.
279
Corte I.D.H., Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 127.
280
Artículo 2 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm.
281
CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 193.