Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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puede verse restringido no sólo en el aspecto individual, sino también en su aspecto social
o colectivo 188 .
100. La Comisión ha identificado 189 , al igual que lo ha hecho la Corte 190 , que el
verbo rector de algunos tipos penales, como calumnias e injurias, utilizados en varios
países de la región adolecen de tal ambigüedad que impiden tener certeza y previsibilidad
sobre la conducta prohibida y aquélla protegida por el derecho a la libertad de expresión,
lo cual permite que cualquier denuncia, crítica u objeción a las actuaciones de las
autoridades públicas, origine en algunos países procesos penales prolongados, que
constituyen una grave afectación a la libertad de pensamiento y expresión de quien sea crítico
de las acciones realizadas por funcionarios públicos.
El 7 de noviembre de 2011 un juez del Perú condenó por el delito de difamación agravada
al periodista de radio y televisión Teobaldo Meléndez Fachín, a raíz de artículos publicados
acerca de presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario público. De
acuerdo con la información recibida, el Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal
Unipersonal de Alto Amazonas ‐ Yurimaguas sentenció a Meléndez Fachín a tres años de
prisión, en ejecución suspendida, al pago de 30.000 nuevos soles, (US$11.100 aprox) como
reparación civil y a 60 días de multa. El caso se originó en una información emitida en
febrero pasado en el programa de radio y televisión "La Ribereña Noticias", en el cual el
periodista habría cuestionado al alcalde de Alto Amazonas‐Yurimaguas, por presuntas
irregularidades en el uso de fondos públicos. El periodista, actualmente director de
noticias de Radio Activa de Yurimaguas, apelará la sentencia. La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH expresó el 21 de noviembre de 2011 su preocupación por
este hecho 191 .
101. Asimismo algunos Estados han continuado utilizando normas penales de
desacato y vilipendio así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de
sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones
críticas contra altos dignatarios públicos. La existencia y aplicación de normas que
penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o las leyes de desacato, en
cualquiera de sus formas o denominaciones, resultan contrarias a los estándares
interamericanos en materia de libertad de expresión 192 .
188
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 79.
189
CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis
Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 279.
190
Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de
2008. Serie C No. 177.
191
CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de Prensa R123/11, 21 de
noviembre de 2011.
192
A ese respecto, el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
sostiene que: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes
que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de
desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información". Por su parte, el principio 10 de la
misma Declaración establece que: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones
civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se
Continúa…