Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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Derechos Humanos 508 su mandato termina en enero de 2012, y si bien es una acción
valorada por la sociedad civil, tiene una institucionalidad frágil, provisional y sin el apoyo
requerido por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Esto habría
repercutido en falta de resultados y de identificación de patrones de ataque. No obstante,
la CIDH considera que esta Instancia podría contribuir significativamente a mejorar la
situación de defensoras y defensores si el Estado otorga garantías adecuadas para su
funcionamiento, como lo son autonomía institucional.
249. Salvo algunas excepciones como las mencionadas, gran parte de los
Estados de la región han informado a la CIDH que no cuentan con fiscalías especializadas ni
con protocolos especializados de investigación para violaciones de derechos a defensores y
defensoras, por lo que el trámite que se les da a estos casos es el mismo que para
violaciones a derechos humanos de cualquier otra persona. De acuerdo a la sociedad civil,
persiste en muchos casos la falta de voluntad política, de imparcialidad y de independencia
para investigar los ataques cometidos en su contra; asimismo, el avance en las
investigaciones de los casos en donde son víctimas tendría un avance mucho más lento en
comparación con otros casos.
250. Varios Estados informaron a la CIDH que no cuentan con registros
estadísticos ni con información precisa sobre los delitos en los cuales la víctima o presunta
víctima es un defensor o defensora, dificultando seriamente que los Estados tengan
claridad sobre la magnitud del número de eventos y patrones de ataques, agresiones u
hostigamientos contra defensores y defensoras. En la gran mayoría de Estados de la región
son las propias organizaciones de derechos humanos las que se han dado a la tarea de
llevar registros y estadísticas sobre los delitos cometidos en su contra, muchos de los
cuales son controvertidos por los Estados sin contar con un registro propio.
251. Por otro lado, contrario a las recomendaciones del informe de 2006 que
señalan el deber del Estado de asegurar el retiro de la jurisdicción militar cuando se
cometan crímenes contra defensores y defensoras 509 , la CIDH ha observado que en algunos
Estados de la región persiste la práctica de ampararse en el fuero militar para juzgar a
militares que hayan cometido delitos en contra de civiles. Durante el período de
seguimiento, algunos Estados han acotado el fuero militar para casos donde se cometan
crímenes de lesa humanidad, sin embargo, no para cualquier tipo de violación en contra de
civiles, entre ellos defensores y defensoras de derechos humanos. La CIDH reitera su
satisfacción por la información recibida de algunos Estados que en cumplimiento de los
estándares del sistema interamericano durante el período de seguimiento restringieron el
fuero militar en los casos en que miembros de las fuerzas armadas cometen violaciones a
derechos humanos 510 .
508
Artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 103‐2008 de 10 de enero de 2008.
509
CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, recomendación. 24.
510
Según la información enviada a la CIDH por la Misión Permanente de México ante la OEA, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió el 12 de julio de 2011 adoptar como criterio orientador la
restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los
Continúa…