Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

42
104. Para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión de defensores,
defensoras y cualquier persona, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación,
injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan imponerse sanciones civiles, las cuales no
sean además, desproporcionadas 196 .
105. La Comisión reitera la importancia central que reviste la protección del
derecho de las personas víctimas de violaciones de derechos humanos, de formular
denuncias públicas por dichas violaciones sin temor a ser perseguidos o sancionados por
ello 197 . En esta línea, la CIDH ha considerado que “[p]roteger a quienes hacen denuncias
contra funcionarios públicos por presuntas violaciones de los derechos humanos, incluso a
costa de exigir a los funcionarios el deber especial de asumir un mayor margen de
tolerancia frente a la crítica, es una medida indispensable para asegurar que no habrá una
doble victimización, que la sociedad podrá conocer y debatir estos hechos con libertad, y
que la justicia encontrará el mejor ambiente para ser realizada” 198 .
106. En cuanto a las frecuentes detenciones de las que son objeto las
defensoras y los defensores de derechos humanos por su participación en manifestaciones
de protesta social, la Comisión destaca que la protesta pública es una de las formas de
ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión que reviste un interés social
fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático. Por ello, las
expresiones contra proyectos o políticas gubernamentales, lejos de ser una provocación a
la violencia, son propias de cualquier democracia pluralista 199 .
107. En los últimos años se ha presentado una creciente iniciación de acciones
penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales para la
reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente se desarrollarían en
un marco de perturbación del orden público o atentarían contra la seguridad del Estado.
En virtud de la importancia que reviste la protesta social en los sistemas democráticos, el
Estado tiene un marco ceñido para justificar su limitación, en este sentido, si bien el derecho
de reunión no es absoluto y puede estar sujeto a ciertos límites, éstos deben ser razonables
con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las manifestaciones, y deben regirse “por los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad” 200 .
196
CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003, párr. 465. CIDH,
Informe anual de La Relatoría Especial para Libertad de Expresión 2009, Capítulo III Marco Jurídico Interamericano
del derecho a la Libertad de Expresión, Diciembre de 2009, párr. 80.
197
CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis
Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 297.
198
CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis
Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 297.
199
CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo II
Evaluación sobre el Estado de La Libertad de Expresión en El Hemisferio, Diciembre de 2009, párr. 708.
párr. 260.
200 CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo IV ‐ Venezuela, OEA.Ser.L/II.130, 29 de diciembre de 2007,