Segundo Informe sobre la SituaciÃ³n de las Defensoras y ...

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234 población objeto de los programas a fin de crear lazos de confianza entre las personas protegidas y aquellos encargados de protegerlas 1072 . 527. Por otra parte, los Estados deben diseñar políticas que les permitan monitorear la efectividad de las medidas seleccionadas para proteger al defensor o defensora y que éstas permitan hacer frente a los obstáculos en contra de su labor, especialmente en los períodos en los cuales el nivel de riesgo podría incrementarse. De esta manera, si las medidas de protección no son efectivas deben ajustarse atendiendo a la situación concreta que atraviese el defensor o la defensora. La Corte ha considerado en algunos asuntos que “las medidas de protección adoptadas por el Estado […] no han sido efectivas ni suficientes, tanto en su planeación como en su implementación en relación con las necesidades de protección” 1073 cuando durante la vigencia de las medidas, se han producido amenazas o asesinatos de familiares de los beneficiarios de las medidas de protección. La Corte ha observado que estos hechos son sumamente graves y denotan la ineficacia de los medios adoptados para erradicar las fuentes de riesgo y proteger adecuadamente a los beneficiarios 1074 . 528. Una manera en que las medidas lograran ser eficaces es que “las autoridades estatales establezcan medios claros y directos de comunicación con los beneficiarios, que propicien la confianza necesaria para su adecuada protección” 1075 . En este sentido, a la vez que el Estado debe establecer estos canales de comunicación, se precisa que los beneficiarios presten toda la colaboración que sea necesaria para propiciar la efectiva implementación de las medidas 1076 . f. Insubsistencia del riesgo 529. Los Estados deben asegurar que las medidas de seguridad sean efectivamente puestas en práctica durante el tiempo que las condiciones de riesgo lo exijan 1077 . Los Estados deben monitorear periódicamente la situación de riesgo del defensor o defensora protegidos y prolongar durante el tiempo las medidas cuando el nivel de riesgo a la vida e integridad personal así lo precisen. No obstante ello, no se debe perder de vista el carácter esencialmente provisional y temporal que deben tener las medidas de 1072 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, párr. 136. 1073 Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 25 de noviembre de 2010, Considerando 71. 1074 Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 25 de noviembre de 2010, Considerando 53. 1075 Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2010, Resolutivo vigésimo octavo. 1076 Corte I.D.H., Asunto Mery Naranjo y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2010, Resolutivo vigésimo séptimo. 1077 CIDH, Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala, párr. 208.
235 protección 1078 , por lo que de no subsistir las condiciones de riesgo a la vida e integridad tampoco subsistirían los motivos para mantener su vigencia. 530. La falta de amenazas durante un período de tiempo no necesariamente implica que no haya riesgo para una persona 1079 . Sin embargo, ante el transcurso de cierto tiempo sin la ocurrencia de amenazas, se debe analizar las causas por las que tales amenazas ya no se producen, para determinar si procede el mantenimiento de medidas de protección 1080 . La Corte ha indicado en un caso en que las medidas de protección llevaban más de seis años vigentes, que tras el transcurso del tiempo sin amenazas, “sólo cierto tipo de contextos, relacionados con un patrón de situaciones extremas pueden justificar el mantenimiento de medidas de protección” 1081 . Fuera de este supuesto, la Corte consideró que un alegado contexto de hostigamiento es propio de la jurisdicción contenciosa y no de las medidas especiales de protección 1082 . En este asunto, la Corte estimó levantar las medidas de protección al no existir información suficiente sobre la situación de riesgo a los beneficiarios que apuntara a una situación en donde existiera riesgo de daño irreparable 1083 . 531. Es necesario que los Estados realicen una evaluación del riesgo para decidir sobre la pertinencia de levantar las medidas de protección, en la cual resulta fundamental la participación de los beneficiarios con la finalidad de conocer su parecer respecto a dicho levantamiento. Con independencia de que las medidas de protección especiales sean retiradas, el artículo 1.1 de la Convención establece obligaciones generales que tienen los Estados de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 1084 . 1078 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo. 1079 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo. 1080 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo. 1081 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo primero. 1082 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo primero. 1083 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo segundo. 1084 Corte I.D.H., Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas cautelares respecto de Venezuela. Resolución de 9 de julio de 2009. Considerando cuadragésimo cuarto. Caso Velásquez Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte de 15 de enero de 1988, considerando tercero; Asunto de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte de 2 de mayo de 2008, considerando decimonoveno.
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