Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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los magistrados y abogados, la garantía de inamovilidad puede ser limitada con el objetivo
de permitir al aparato de justicia resolver sobre la comisión de un delito, o bien, poner fin a
la impunidad fomentada por jueces pertenecientes a regímenes autoritarios e impedir la
repetición de graves violaciones de los derechos humanos 846 .
379. En los casos en donde se aduzca la comisión de un delito, la garantía de
inamovilidad de los juzgadores no debe comprometer la acción de la justicia; es por ello,
que los Estados deben contar con procedimientos adecuados y eficaces para asegurar
condiciones que permitan que el ejercicio de acciones penales no afecte la independencia
de los jueces y magistrados, ni obstaculice la labor de impartición de justicia. El Relator
Especial de la ONU, ha señalado que los procedimientos para suspender la inmunidad de
las personas que desarrollan una labor jurisdiccional deben estar regulados por ley con
gran detalle y deben tener por objetivo reforzar su independencia 847 . La decisión sobre la
procedencia de la acción penal no debe depender de la discrecionalidad de un órgano del
poder ejecutivo, lo cual podría exponer a los jueces a presiones políticas y comprometer su
independencia 848 .
380. Las decisiones que se adopten tanto en los procedimientos disciplinarios,
como en los de suspensión o separación del cargo deben estar sujetos a una revisión
independiente 849 . En los procesos disciplinarios como en los penales que hayan concluido
en la destitución de un juez o jueza, los Estados deben ofrecer un recurso adecuado y
efectivo que permita obtener la restitución en su cargo tras no haberse comprobado su
responsabilidad, o bien, en el caso de que su destitución haya sido arbitraria. La garantía
de inamovilidad debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado de
quien fue arbitrariamente privado de ella, puesto que de lo contrario, los Estados podrían
remover a los jueces e intervenir de ese modo en el Poder Judicial sin mayores costos o
846
Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos,
Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009,
párr. 64.
847 Ibidem, párr. 67.
848
Idem.
849
Principio 20 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptados por el
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones
40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Disponible:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm. El Comité de Derechos Humanos sostuvo que la destitución
de jueces antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón concreta
alguna y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con
la independencia judicial. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo
14: El Derecho a un Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de
agosto de 2007, párr. 20. Asimismo, la Comisión ha considerado que la imposibilidad de contar con un recurso
judicial efectivo contra alegados actos violatorios del derecho a la estabilidad como juez, constituía una violación al
artículo 25 de la Convención Americana. CIDH, Informe No. 30/97, Caso 10.087, Fondo, Gustavo Carranza ,
Argentina, 30 de septiembre de 1997, párr. 72.