Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y ...

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CIDH ha establecido que cualquier restricción en el acceso a la información en poder del
Estado, para ser compatible con la Convención Americana, debe demostrar que la
divulgación de la información efectivamente amenaza con causar un perjuicio sustancial al
objetivo legítimo perseguido y demostrar que el perjuicio a dicho objetivo es mayor que el
interés público de contar con la información 420 .
199. De existir una restricción al derecho de acceso a la información que sea
acorde a los mencionados requisitos, sólo podrá mantenerse la reserva mientras subsista
efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, resultara afectado de manera
desproporcionada uno de los bienes que el artículo 13.2 de la Convención ordena proteger 421 .
En tal sentido, la excepción únicamente debe ser mantenida durante un plazo razonable,
vencido el cual la información podrá ser consultada por el público.
200. La Comisión ha identificado que la mayor parte de las leyes de acceso a la
información contienen excepciones basadas en que se podría afectar la seguridad nacional del
Estado o su capacidad para mantener el orden público 422 . Anteriormente, la Comisión ya ha
tenido oportunidad de señalar en qué supuestos la seguridad nacional podría ser utilizada
como un límite al acceso a la información. En este sentido, citando los Principios de
Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información 423 la
CIDH ha indicado que: a) el intento de establecer una restricción sobre la base de la
seguridad nacional no es legítimo excepto que su propósito genuino o efecto demostrable
sea proteger la existencia del país o su integridad territorial contra el uso o amenaza de uso
de la fuerza, sea de origen externo, como una amenaza militar, o de origen interno, como
una incitación a derribar por la violencia al gobierno y b) la intención de establecer una
restricción con el fundamento de la seguridad nacional no es legítimo si su propósito
genuino o efecto demostrable es proteger intereses no relacionados con la seguridad
nacional, incluyendo, por ejemplo, la protección del gobierno contra situaciones
comprometidas o contra la revelación de irregularidades, u ocultar información sobre el
funcionamiento de sus instituciones públicas, o defender una ideología particular o sofocar
la intranquilidad laboral 424 .
201. Concretamente, en relación a los límites al acceso a la información sobre
violaciones a derechos humanos en poder del Estado, las autoridades estatales no se
pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la
información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la
información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la
420
CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo IV “El
Derecho de Acceso a la Información”, OEA/Ser.L/V/II. Doc.51, 30 de diciembre de 2009, párr. 53.
421
CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo IV “El Derecho de
Acceso a la Información”, EA/Ser.L/V/II. Doc.51, 30 de diciembre de 2009, párr. 54.
422
CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, 22 de octubre de 2002.
423
The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information
(November 1996), disponibles en http://www.article19.org/ docimages/511.htm.
424
Principio 2 de los Principios de Johannesburgo.