Segundo Informe sobre la SituaciÃ³n de las Defensoras y ...

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38 2. Procesos penales prolongados instaurados en virtud de tipos penales no conformes al principio de legalidad 95. Aun cuando un proceso penal no desemboque en una sanción concreta, la CIDH ha considerado que la simple sujeción a un proceso prolongado y fundado en un tipo penal ambiguo o vago, genera la responsabilidad del Estado por violación al principio de legalidad. 179 Particularmente, respecto de las personas que han realizado denuncias sobre afectaciones a derechos humanos, la Comisión ha señalado que la sujeción a procesos penales como consecuencia de la actividad de denuncia por parte de defensores y defensoras, genera un efecto inhibidor en la víctima, el cual, adicionalmente, se traduce en un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieren la intención o hubieran formulado denuncias similares sobre violaciones a los derechos humanos 180 . 96. La sujeción de defensoras y defensores a procesos penales injustificados fundados en una normativa que no cumple con el principio de legalidad produce también una afectación en la actividad de defensa de los derechos humanos, y, consecuentemente, en el libre ejercicio del derecho a defender los derechos. Al respecto, la Comisión ha considerado que: “[…] es razonable sostener que la sola existencia de la norma penal aplicada durante cinco años […][en perjuicio de la persona que ha realizado denuncias por violaciones a derechos humanos] disuade a otras personas de formular denuncias en materia[…] de derechos humanos e incluso de emitir cualquier opinión crítica respecto de la actuación de las autoridades. Esto es consecuencia de la amenaza permanente que pesa sobre las personas de verse sometidas a procesos penales que pueden conducir a graves sanciones penales y pecuniarias” 181 . De acuerdo a la información presentada por la sociedad civil en audiencia durante el 140º período de sesiones de la CIDH 182 , gran cantidad de los actos de amenazas, intimidación y hostigamiento en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, serían provenientes de grupos criminales, particularmente, por el autodenominado Águilas Negras. Según se hizo de conocimiento a la Comisión, las autoridades al recibir denuncias por parte de defensoras y defensores sobre actos realizados presuntamente por este grupo, se limitarían a negar su existencia y no darían curso a las investigaciones, sino por el contrario, procederían a incoar acciones penales en contra de los denunciantes por “falsa denuncia”, las cuales se prolongarían en el tiempo evitando que defensores y defensoras pudieras hacer denuncias contra grupos de ese carácter. 179 CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 295. 180 CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 295. 181 CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 279. 182 CIDH, Audiencia sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia e implementación de medidas cautelares, 140º período ordinario de sesiones, 28 de octubre de 2010.
39 El Código Penal Colombiano señala en su artículo 435 que comete el delito de falsa denuncia “[e]l que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. De acuerdo a la información presentada a la CIDH, al no reconocer la subsistencia de grupos paramilitares, al denunciar amenazas o ataques como provenientes de estos grupos, las y los defensores estarían siendo sujetos a procesos penales por “falsa denuncia” 183 . 3. La criminalización de los discursos de denuncia de violaciones a derechos humanos y el derecho a la protesta social pacífica 97. La Comisión ha tomado conocimiento de la iniciación creciente de acciones penales en contra de defensores y defensoras por un supuesto ejercicio indebido de la libertad de pensamiento y expresión 184 , así como del derecho de reunión y asociación 185 . 98. En varios países de la región, las y los defensores con frecuencia se enfrentan a la iniciación de acciones penales fundadas en la supuesta afectación a la honra o reputación de servidores públicos. Al respecto, la Comisión reitera que el poder coactivo del Estado no puede ejercerse de forma que afecte la libertad de expresión de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante el uso de leyes penales como instrumento para silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a expresarse críticamente o a formular denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos 186 . 99. La libertad de pensamiento y expresión protegida por los artículos IV de la Declaración y 13 de la Convención Americana se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada 187 . En el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos, el ejercicio de este derecho 183 Ver CIDH, Informe Anual 2010, Capítulo IV ‐ Colombia, párr. 200. 184 La libertad de pensamiento y expresión se encuentra protegida por los artículos IV de la Declaración y 13 de la Convención Americana. 185 El derecho de reunión se encuentra reconocido en los artículos XXI de la Declaración y 15 de la Convención Americana. 186 CIDH, Nota de remisión del Caso a la Corte e Informe de Fondo del Caso 12.661 “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros”, 22 de octubre de 2010, párr. 288. En este sentido, CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, párr. 80. 187 CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, diciembre de 2009, pág. 239. Asimismo, cfr. Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 53; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros V. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 75.
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